La Fiscalía Auxiliar de la República ordenó revisar cuentas bancarias en las que presuntamente se habría depositado dinero de la red que operaba en cárceles del país y que ofrecía alterar sentencias de los tribunales, falsificar boletas de libertad y manipular traslados de reos.
El fiscal Auxiliar, Marcelino Aguilar, confirmó ayer que, en efecto, funcionarios del Ministerio Público inspeccionaron cuentas bancarias de personas ligadas a la banda, que habrían servido para ocultar dinero producto de las estafas.
Aclaró que hasta ahora no han establecido la participación de empleados del Órgano Judicial, aunque sí la vinculación de funcionarios y exfuncionarios de la Dirección del Sistema Penitenciario, particulares e internos de los penales La Joya, La Joyita, el Centro Femenino de Rehabilitación y la cárcel de Nueva Esperanza, esta última en Colón.
A la vez, detalló que peritos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf) analizaron ayer las computadoras usadas por las juntas técnicas de las cárceles citadas, encargadas de otorgar las rebajas de pena a los privados de libertad.
Aguilar dijo que se verificará cuántos internos fueron favorecidos con rebajas de penas o si en todos los casos se trató de estafas efectuadas a familiares de los reclusos.
Las juntas técnicas funcionan en cada cárcel del país y son presididas por el director del centro o en su defecto por el subdirector.
Por su parte, el ministro de Seguridad Pública, Alexis Bethancourt, reveló que las investigaciones de este caso se iniciaron durante el pasado mes de diciembre, por intermedio del Grupo Interinstitucional Anticorrupción (GIA), a cargo de Bolívar Medina.
Bethancourt explicó que la investigación se desarrolló con un equipo multidisciplinario de inteligencia.
Informó que este proceso es una muestra del trabajo que ejecutan los organismos de seguridad del Estado para combatir redes de corrupción en entidades del país.
“Aquí no vamos a permitir que los funcionarios de los estamentos de seguridad incurran en actos de corrupción y los que sean detectados serán puestos a órdenes del Ministerio Público para su investigación”, afirmó.
Al mismo tiempo, dijo que se realizará una revisión de los protocolos de seguridad de la cárceles, para asegurar que se cumpla con las normas que garanticen que cada interno pueda tener derecho al debido proceso.
En tanto, la procuradora Kenia Porcell puntualizó que se trataba de una red del crimen organizado, que sacaba provecho de la necesidad de los familiares de los internos, a quienes exigía dinero a cambio de supuestas rebajas de pena y traslados a otros centros penitenciarios.
En la tarde de ayer, la Fiscalía Auxiliar inició el proceso de toma de indagatorias a las 13 personas aprehendidas (cuatro civiles, cuatro funcionarios, tres exfuncionarios del Sistema Penitenciario y dos privadas de libertad), que pueden enfrentar cargos por la presunta comisión de los delitos de estafa, falsedad de documentos y asociación ilícita para delinquir.
Según la investigación, la red ofrecía a los familiares de los internos libertades condicionales y el traslado a otros centros penitenciarios con un régimen carcelario menos intenso.
Las víctimas de las estafas pagaron sumas desde $5 mil hasta $70 mil a los integrantes de la organización criminal.
Esta es la tercera red de corrupción desmantelada durante el último año en el sector público, compuesta por funcionarios y particulares. La primera fue en el Órgano Judicial, donde se dio con la detención de 16 funcionarios, y la segunda en la Autoridad Nacional de Aduanas, en la que fueron detenidos 27 servidores.