Durante la primera semana de este mes, personal del Ministerio de Gobierno (Mingob) se desplazará a diferentes puntos del país con el propósito de verificar el cumplimiento de la nueva justicia comunitaria.
Realizar reportes sobre los detalles que sean necesarios corregir y además constatar que las Casas de Justicia, antiguas corregidurías, estén debidamente conformadas, serán parte de la supervisión.
Y es que, a partir de mañana 2 de enero, empieza en el país la implementación de la Ley No. 16 del 17 de junio de 2016, que crea la Justicia Comunitaria de Paz.
La nueva norma regirá en el Primer Distrito Judicial, que comprende los 18 corregimientos de Panamá, Panamá Oeste, Colón, Darién y las comarcas indígenas Guna Yala y Emberá Wounaan.
Sobre el tema, Carlos Rubio, ministro de Gobierno encargado, expresó que desde este 2 de enero, “finalmente se logra el inicio de una transición de justicia de policía y de corregiduría hacia una justicia conciliadora, a través de la figura de jueces de paz”.
Desde su punto de vista mediante el nuevo sistema primará la negociación, la mediación y la búsqueda de puntos en común para resolver los conflictos comunitarios.
Por su parte, Carlos Lee, de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, expresó que la implementación de esta norma era una asignatura pendiente, y que como miembros de la sociedad civil se mantendrán vigilantes del cumplimiento de las disposiciones establecidas en la ley.
Esta norma debió comenzar a operar desde junio del año pasado, pero debido a la falta de presupuesto y de los mecanismos para que el nuevo modelo funcionara, el Mingob debió solicitar en la Asamblea Nacional una extensión de seis meses adicionales para aplicar la normativa.
El tiempo concedido permitió iniciar los procesos de capacitación y selección del personal que laborará en las casas comunitarias.
Amyleth Torres, directora de la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos, destacó que, como parte de este proceso, se realizaron 22 jornadas de sensibilización en el Primer Distrito Judicial, capacitando a más de mil personas.
De acuerdo con la disposición, en el resto del país la ley se implementará a partir de 18 de junio de 2018.