Dos años y siete meses después de las elecciones generales de mayo de 2014, los distintos juzgados electorales del país aún dirimen 252 casos relacionados con supuestos delitos cometidos durante ese proceso.
De acuerdo con un informe del Tribunal Electoral (TE) se trata de denuncias presentadas entre 2014 y 2016 por cambios de residencias fraudulentas, doble voto, uso de recursos del Estado, e impugnación al padrón electoral.
En 64 de esos expedientes la Fiscalía Electoral, a cargo de Eduardo Peñaloza, solicitó el sobreseimiento, 138 prescribieron, 16 aún son analizados por la fiscalía; en 3 ha habido condena, 2 fueron enviados a la Corte Suprema de Justicia; en otros 2 se ha pedido llamamiento a juicio y 27 fueron devueltos a la fiscalía para que amplíe el sumario.
Peñaloza asegura que ellos han cumplido con enviar los expedientes a los juzgados, pero que estos “de manera reiterada” les devuelven los casos “bajo las fórmulas de ampliación, agotamiento y perfeccionamiento de sumario”.
Añade que la falta de auditorías de la Contraloría “ha imposibilitado el avance y conclusión de las investigaciones”.