La Cámara baja del Congreso de Colombia aprobó la medianoche del lunes de manera expedita la ley que reglamenta la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), considerada la “columna vertebral” para avanzar en el proceso de paz.
Esta legislación permitirá juzgar a los involucrados en el conflicto armado que desangró a esa nación por más de 50 años, dejando aproximadamente 220 mil muertos.
Ahora, aprobada esta iniciativa, resta que estas personas, en su mayoría antiguos comandantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) acusados de delitos de lesa humanidad, reparen el daño causado a las víctimas.
Entre los beneficios que se le otorgan a quienes participaron del conflicto armado está el hecho de que al reconocer su responsabilidad y comprometerse a indemnizar a las víctimas, podrán ocupar cargos de elección popular en los comicios del año entrante.
Colombia celebrará sus elecciones presidenciales el 27 de mayo de 2018.
En septiembre pasado, con la participación de mil 200 exguerrilleros, las FARC se convirtieron en un partido político, bajo el nombre de Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC).
Iván Márquez, uno de sus líderes, manifestó en aquella ocasión que la decisión de mantener las siglas está relacionada con no “romper los vínculos” de su pasado.
A principios de noviembre de este año, el grupo guerrillero anunció que su candidato a la Presidencia de la República será Rodrigo Londoño, alias Timochenko.
CONDENAS
De acuerdo con la JEP, serán sus jueces los que determinarán la compatibilidad entre la ejecución de la condena y la participación en política, esto para evitar que el miembro de las FARC que sea electo tenga que dimitir de su cargo en razón de la sanción que le sea impuesta. Esto, por el contrario, no se les permite a quienes sean sancionados con penas alternativas u ordinarias (o sea, que reconozcan su responsabilidad de manera tardía o que, sencillamente, no lo hagan), pues tendrán una pena privativa de la libertad, abiertamente incompatible con el ejercicio político.
“Es muy grave que se les imponga a los colombianos la representación de personas sobre quienes aún pende un repudio de una grave condena por delitos de lesa humanidad”, señaló Rodrigo Lara, presidente de la Cámara de Cambio Radical.
“Se logró una JEP con dientes. El miembro de las FARC que cometa un delito reincidente saldrá inmediatamente del régimen especial y se va para la jurisdicción ordinaria. Los delitos sexuales no se cobijarán”, dijo Lara.
Pero, el representante del Partido Social de Unidad Nacional, John Jairo Cárdenas, calificó de “mezquina” la intención de los congresistas de querer cambiar las reglas del juego a estas alturas.
“Estamos haciendo una trampa a los acuerdos”, adujo.
Por su parte, el presidente, Juan Manuel Santos, en su cuenta de Twitter, señaló que “agradezco a la @CamaraColombia la aprobación de la ley estatutaria de la JEP (Justicia Especial para la Paz). Con este paso avanzamos hacia la paz. La justicia transicional garantiza los derechos de las víctimas y sienta las bases de la reconciliación de los colombianos”.
Jaime Castro, analista político, aclaró que “la ley de justicia y paz la tiene que revisar la Corte Constitucional y eso toma un tiempo aproximado de unos dos meses”.
(Con información de El Espectador, El Tiempo, AFP, Reuters y AP).
Delitos sexuales no califican
Se aprobó una proposición del representante de la U, Efraín Torres, con la que se niegan beneficios a los miembros de las FARC que hayan cometido delitos sexuales en contra de menores. La pena máxima de la JEP, que es de 20 años, no aplicará para ellos, sino que serán sancionados con las penas que establece la justicia ordinaria. “Ante la JEP es una realidad que los violadores y asesinos de niños miembros de las FARC recibirán las penas de la justicia ordinaria, con penas en centros carcelarios, y no los beneficios de la jurisdicción de paz con penas bajas y trabajo restaurativo. Así defendemos y reparamos a todos esos niños y niñas que fueron abusados sexualmente mientras estuvieron en manos de la guerrilla, una violación o la explotación sexual no tienen nada que ver con el conflicto armado”, sostuvo Torres.