La Fiscalía de Guatemala acusó el pasado jueves al expresidente Otto Pérez Molina de negociar cientos de sobornos por contratos públicos y ordenó el arresto de al menos 50 personas, incluidos políticos, banqueros y empresarios que habrían participado en el masivo esquema de corrupción.
“Estábamos frente a una estructura criminal que había cooptado el poder por la vía de las urnas en Guatemala y cuyos principales dirigentes eran Otto Pérez Molina y [la exvicepresidenta] Roxana Baldetti (...) con el fin principal de enriquecimiento ilícito”, dijo la fiscal general, Thelma Aldana, en una rueda de prensa.
Según las investigaciones, funcionarios y empresarios activaron en la campaña de 2011 una “maquinaria” que calculan captó al menos $130 millones y que se mantuvo hasta la renuncia en 2015 de Pérez Molina y Baldetti, ambos a la espera de juicio, en prisión, acusados del fraude aduanero “La Línea”.
Abogados que representan a Pérez Molina y a Baldetti no estuvieron disponibles para comentar sobre la nueva acusación, que incluye cargos por financiamiento electoral ilícito, asociación ilícita, cohecho pasivo y lavado de dinero.
De acuerdo con la investigación, el esquema servía para ocultar los sobornos que las empresas pagaban a los funcionarios a cambio de contratos públicos. Parte de los fondos ilegales habrían sido destinados a la campaña electoral de 2011.
La Fiscalía y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), señalaron que Pérez Molina y Baldetti se llevaban al menos el 60% de los fondos, que gastaban en una vida de lujos.
Los 450 casos de contratos ilícitos que son parte de la investigación implican, entre otros, al representante legal de Sigma, la constructora más importante del país, además de particulares que actuaron como testaferros para ocultar el rastro de los ingresos.
“Las condiciones bajo las que uno trabaja [como funcionario] tienen sus riesgos y hoy tengo que enfrentar esta situación y voy a enfrentar mi corresponsabilidad”, dijo Rudy Gallardo, director del Registro Nacional, que tramita la identificación personal, y quien es uno de los detenidos en el caso.
Este sería el tercer proceso pendiente para Pérez Molina y el cuarto para Baldetti, quienes también son acusados de pactar sobornos con una firma española para una concesión portuaria.
El jefe de la Cicig dijo que es un caso comprobable de corrupción, con datos, pruebas y declaraciones, reportó el diario Prensa Libre.