Faltan tres meses para que comience a regir la ley de justicia comunitaria de paz en Panamá, Panamá Oeste, Colón, Darién y las comarcas indígenas Guna Yala, Wargandí y Emberá Wounaan, y aún resta mucho por hacer.
Al menos así lo indican funcionarios de diferentes instituciones que acompañan al Ministerio de Gobierno (Mingob) en la comisión instalada para la implementación de la norma.
Tal es el caso de Cristina Díaz, jefa de la Secretaría de Asuntos Municipales de la Procuraduría de la Administración, quien indicó que han tenido limitantes y que es poco lo que se ha avanzado con respecto a la reglamentación de varias comisiones.
A su juicio, la recién creada Dirección Alterna de Resolución de Conflicto del Ministerio de Gobierno debe “meter el acelerador”.
Sin embargo, la secretaria general del Ministerio de Gobierno, Marissa Royo, afirmó que trabajan conforme al cronograma establecido y de acuerdo con lo que indica la propia la ley.
La justicia comunitaria de paz –que se rige según la Ley 16 de junio de 2016– empezará a aplicarse de forma escalonada desde junio de este año, y busca reemplazar la figura de los corregidores por jueces de paz.