Más de 150 jueces de paz iniciarán funciones a partir del próximo mes de junio, tras la implementación de la Ley 16 de 2016, que instituye la Justicia Comunitaria de Paz y dicta disposiciones sobre Mediación y Conciliación Comunitaria.
Este nuevo modelo de administración de justicia, que empezará a regir en el país de forma escalonada, reemplazará la figura de las corregidurías y corregidores por las casas de justicia comunitaria y jueces de paz, respectivamente.
El nuevo sistema será puesto en práctica inicialmente en el Primer Distrito Judicial, conformado por las provincias de Panamá, Panamá Oeste, Colón y Darién, y las comarcas indígenas Guna Yala, Wargandí y Emberá Wounaan, mientras que en el resto del país se aplicará a partir del mes de junio del año 2019, de acuerdo con lo establecido en la propia norma.
En el Primer Distrito Judicial existen actualmente 166 corregimientos.
LO QUE DICE LA LEY
Como lo contempla la ley, para que se concrete la implementación de la justicia comunitaria de paz se requiere de varios aspectos, en los que debe trabajar el Ministerio de Gobierno (Mingob), ente encargado de poner en marcha el nuevo sistema, de la mano con otras instituciones.
Por ejemplo, es indispensable contar con un presupuesto para la adecuación o construcción de las nuevas casas de justicia comunitaria, así como para la contratación del personal que acompañará a los jueces de paz, e incluso para elaborar la reglamentación relacionada con la postulación de los jueces de paz.
Además, se requiere la creación de una Comisión Técnica Distrital, que estará compuesta por representantes de las juntas comunales, Consejo Municipal, sociedad civil y Defensoría del Pueblo.
Asimismo, se necesita la preparación de la convocatoria pública para la escogencia de los jueces de paz.
A ello se suman las conversaciones con las autoridades de las comarcas Guna Yala y Emberá, donde también se implementará la justicia comunitaria de paz a partir del próximo mes de junio.
En esta labor, el Mingob se apoya con la Procuraduría de la Administración, la Secretaría Nacional de Descentralización, la Procuraduría General de la Nación y la Escuela Judicial del Órgano Judicial.
Además, con la Dirección Nacional de Métodos Alternos del Órgano Judicial, la Universidad de Panamá y el Instituto Nacional de la Mujer, entidades a las que, según la ley, corresponde elaborar el programa de formación inicial y capacitación para los jueces de paz.
LO QUE SE HA HECHO
En ese proceso de conversaciones, los integrantes de la mesa interistitucional han logrado varios avances, entre estos, la creación por parte del Mingob de la Dirección de Resolución Alterna de Conflicto, que se encargará de promover los métodos alternos de resolución de conflictos y ayudará al desarrollo y fortalecimiento de la justicia de paz.
Entretanto, la Procuraduría de la Administración comenzó una serie de capacitaciones para la “sensibilización” en todos los consejos municipales y algunas corregidurías del interior del país, en las que la justicia comunitaria de paz entrará a regir este año.
También se han llevado adelante otros aspectos de transición administrativa contemplados en la Ley 16 y que debían ser realizados tras la promulgación de la norma en la Gaceta Oficial.
No obstante, algunos de los miembros que acompañan al Mingob en la mesa interinstitucional consideran que el ministerio debe agilizar los procedimientos.
Cristina Díaz, jefa de la Secretaría de Asuntos Municipales de la Procuraduría de la Administración, manifestó que están teniendo ciertas limitantes en el proceso, pues es poco lo que se ha avanzado con respecto a la reglamentación de varias comisiones.
Expuso que se desconoce, por ejemplo, bajo qué criterios se va a regular la “idoneidad ética” del postulante, que es uno de los requisitos para ser juez de paz.
“Eso tiene que estar debidamente reglamentado”, afirmó.
Otro aspecto que a su juicio se requiere es una reglamentación en el procedimiento para escoger a los jueces de paz en las comarcas, “ya que ellos también deben hacer un proceso de selección de sus jueces de paz comarcales, porque en la actualidad ahí existen corregidores”.
Destacó que no tienen un diagnóstico cualitativo y cuantitativo que califique o muestre el estatus de las corregidurías del país, asignación que, aseguró, es del Ministerio de Gobierno.
Por su parte, la directora de la Secretaría de la Descentralización, Erika González, manifestó que a esa entidad solo corresponde ver la parte de los recursos que utilizarán los municipios para el nuevo sistema.
Al preguntársele si la implementación de la norma va a paso lento, respondió que sí, aunque aclaró que “este es un tema del Ministerio de Gobierno. Ellos llevan el peso de la implementación. Estamos esperando una reunión con la ministra [María Luisa Romero], para que ella delegue funciones y estamos esperando a ver qué respuesta nos tiene”.
Aseguró que les inquieta el tema de los municipios, que en su mayoría siguen subsidiados y que ahora tienen que contratar personal.
En la actualidad, el dinero que entrega la descentralización a las juntas comunales y municipios está destinado para temas de inversión de obras comunitarias.
Por su parte, Marissa Royo, secretaria general del Mingob, manifestó que el ministerio está trabajando en los cronogramas, y aseguró que han tenido consultorías de Chile que los están apoyando en el proceso.
“Estamos cumpliendo con los cronogramas que la misma ley establece. Para junio se debe haber entregado a la Alcaldía [de Panamá] todos los juzgados nocturnos y a partir de ese momento la Alcaldía se hará cargo de ese tema”, dijo.
Opinión que respaldó Armando Medina, director del Sistema Penitenciario, quien dijo que el Mingob ha dado pasos importantes en la puesta en marcha del nuevos sistema de justicia.
“Ya creó la Dirección alterna de Conflicto y se está llevando a cabo el tema de las capacitaciones”, agregó.
‘DEBEN IR A CONCURSO’
Para dirigentes de la sociedad civil organizada, el tema que les inquieta de la ley es que no se lleven a concursos las postulaciones de los jueces de paz y que estos sean elegidos de a dedo, como los actuales corregidores.
Tal postura surgió, luego de conocer que dentro de las capacitaciones que realizó la Procuraduría hay personas que hoy en día desempeñan el cargo de corregidores.
Magaly Castillo, de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, explicó que si no se lleva adelante un concurso se estaría violando la ley.
Dijo que espera que las capacitaciones que se han dado a algunos corregidores no sean aprovechadas para infringir la norma.
La Ley 16, sancionada por el presidente Juan Carlos Varela en junio de 2016, indica que el nombramiento del juez de paz se hará a través de un proceso público.
La justicia de paz surgió de los acuerdos de la Comisión de Estado por la Justicia en 2005.
