Valter Lavítola, definido por los fiscales como el “colector de coimas”, tendrá que enfrentarse a la justicia italiana, acusado por corrupción internacional en Panamá, al ser el principal muñidor de contratos –por los cuales se desviarían fondos a funcionarios panameños– que varias empresas italianas firmaron en 2010 con el Gobierno de este país.
Lavítola tiene acostumbrados a los magistrados italianos a cambiar el guión de sus declaraciones, según le convenga y a llenarlas de equívocos y ambigüedades.
La última vez que habló delante de un tribunal fue el pasado 23 de octubre. Se trataba del juicio por compra- venta de parlamentarios, que imputa también al hoy ex primer ministro de Italia Silvio Berlusconi.
Lavítola –que tuvo que dar cuenta de su papel protagonista como presunto corruptor del exsenador Sergio De Gregorio al pagarle hasta 4.1 millones de dólares en coima para hacer caer, en 2008, al gobierno del entonces primer ministro Romano Prodi– negó en todo momento que supiera “que ese dinero era para corromper a parlamentarios” y se definió como “un cartero inocente”.
La verborrea y medias verdades de Lavítola irritaron al Tribunal de Nápoles, que se vio obligado a interrumpirlo en varias ocasiones.
Tras la audiencia del 26 de febrero pasado, en la que se aceptó que el Senado de la república de Italia fuera parte civil acusadora, el siguiente episodio de este capítulo judicial será el próximo 12 de marzo, cuando se tratará de esclarecer la proveniencia de las coimas.
Sin embargo, antes deberá comparecer en el Tribunal de Roma, imputado en el proceso Finmeccanica, este 4 de marzo.
Lavítola, que ahora cumple prisión preventiva en la cárcel de Nápoles Poggioreale, será trasladado en furgón policial hasta la sala 10 del recinto judicial de Roma en el barrio del Parioli, donde se celebrará el juicio por corrupción internacional de Finmeccanica en Panamá.
El sumario judicial imputa responsabilidades directamente al presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, y a “otros exponentes políticos y del Gobierno, no identificados” porque “determinaron con sus decisiones la ejecución de contratos habiendo prometido beneficios de relieve económico, objeto de la investigación”.
El prestigioso fiscal de Roma Paolo Ielo acusa a Lavítola –exconsultor en Panamá de las sociedades Selex, Telespazio y Agusta Westland, ligadas a Finmeccanica, y a Paolo Pozzessere, exdirector comercial del coloso de tecnología aeroespacial y de defensa italiano– de desviar hasta 18 millones de dólares en coimas de los contratos de venta de 6 helicópteros, 19 radares y un mapa digital.
Lavítola enfrentará una causa penal cada mes, ya que el próximo 9 de abril se sentará de nuevo en el banquillo de los acusados, esta vez en del Tribunal de Nápoles, acusado de haber extorsionado a Impregilo para la construcción de un hospital pediátrico en Veraguas, regalo prometido por Berlusconi y reclamado en muchas ocasiones por Martinelli.
El nombre del Presidente de Panamá queda nuevamente involucrado en presuntos actos de corrupción.
Según documentos judiciales consultados por La Prensa, el financiamiento del hospital era en realidad “un modo oculto e indirecto” de ofrecer coimas a Martinelli. En tal caso, el rédito previsto no era crematístico, sino electoralista, se señala.
El calvario judicial de Lavítola sobre los presuntos negocios sucios que promovió junto al presidente Martinelli no acaba aquí.
El Tribunal de Nápoles tiene entre manos la investigación sobre la frustrada construcción de cárceles modulares en Panamá por parte de la empresa Svemark, en la que los fiscales sospechan del desvío de hasta 20 millones de dólares en coimas. Este proceso está aún en fase de instrucción y será enviado a juicio las próximas semanas.