Dos procesos seguidos a la exdirectora de la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Ampyme) y actual diputada del Parlamento Centroamericano (Parlacen) Giselle Burillo, por la presunta comisión de delitos contra la administración pública, remitió a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) el Juzgado Decimosexto de lo Penal.
Los procesos guardan relación con el manejo, presuntamente irregular, de recursos e insumos en los programas de la Ampyme cuando Burillo dirigía la entidad en el gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014).
La decisión del juzgado se produjo, luego de que la exfuncionaria resultara electa diputada del Parlacen, en la lista del partido Cambio Democrático, durante el torneo electoral de mayo pasado. La Corte es la única entidad del Órgano Judicial con competencia para investigar o procesar a un diputado.
El primero de los expedientes remitidos por el Juzgado Decimosexto Penal a la Corte está relacionado con el informe de auditoría No. 082-2014, que arrojó anomalías en el proceso de adjudicación de órdenes de compra en concepto de alquiler de automóviles.
Este caso se relaciona con el presunto contrato de carros para transportar plantas móviles, que serían utilizadas para dictar seminarios a emprendedores de la entidad.
Este proceso, cuya fecha de juicio había sido fijada por el juzgado del 2 al 10 de diciembre próximo, quedó radicado en el despacho del magistrado Abel Zamorano.
Mientras, el segundo proceso remitido por el Juzgado a la Corte también está relacionado con anomalías en el alquiler de vehículos por parte de la Ampyme.
Este expediente estará a cargo del magistrado Hernán De León.
En este caso, la fecha de juicio estaba fijada para los días 13 al 21 de enero de 2019.
La Constitución Política establece que los diputados de la Asamblea Nacional y del Parlacen solo podrán ser investigados y juzgados por la Corte Suprema de Justicia, por lo que el Juzgado Decimosexto Penal perdió la competencia para conocer estos procesos.