El Juzgado Décimo de Circuito Penal rechazó una de las dos solicitudes de prescripción de la acción penal presentadas contra el expediente abierto contra 21 imputados por el delito de peculado, producto de las inundaciones de la barriada Prados del Este, en Pacora, ocurridas en 2004.
La decisión fue emitida por la jueza Zaida Cárdenas, el 12 de abril pasado, luego de resolver un incidente de previo y especial pronunciamiento (extinción de acción penal por prescripción), presentado por Esther María de Frías, parte del equipo de la defensa de los acusados, informaron fuentes judiciales.
Las conclusiones de Cárdenas se basaron en los artículos 1944, 1948, 1950, 1960 y 1968 del Código Penal, que no señalan ningún impedimento para que el juzgado continuara con este proceso, añadió la fuente.
En tanto, la petición de la abogada defensora, presentada en diciembre de 2012, estaba fundamentada en que, transcurridos más de ocho años de los hechos, se agotó el término legal para seguir con las investigaciones y se excedió el tiempo de la pena que se le debe aplicar a los imputados, en caso de ser hallados culpables del delito de peculado, que es de seis años.
En las inundaciones que originaron este proceso, que se inició en septiembre de 2004, resultaron destruidas 281 casas, 13 mil 16 personas afectadas y mil 405 damnificadas. La barriada Prados del Este fue declarada zona de emergencia.
Las fuentes consultadas confirmaron que esta petición de prescripción fue la segunda presentada ante este juzgado. La primera está fechada en octubre pasado por los abogados de Bolívar Pariente, exgerente del Banco Nacional de Panamá (BNP), basado en los mismos argumentos de la que ya fue resuelta.
De igual forma, por este caso los magistrados de la Corte Suprema de Justicia deben resolver una demanda de indemnización por $10 millones presentada, en 2009, por el abogado Víctor Martínez contra el BNP, en representación de un grupo de perjudicados.
En febrero pasado, exresidentes de Prados del Este escenificaron una protesta ante la Corte Suprema y entregaron una carta al ponente del caso, el magistrado Alejandro Moncada, en la que solicitaron darle un impulso procesal al caso.
Desde 2004, el expediente estuvo radicado en la Fiscalía Primera Anticorrupción; en 2006 fue enviado al Juzgado Décimo con un pedido de juicio para exfuncionarios del BNP, entre ellos, Pariente y los directivos de Pronavi, una de las promotoras del proyecto.
Los 21 imputados gozan de medidas cautelares diferentes a la detención preventiva; mientras que el Juzgado Décimo no ha dispuesto fecha para la audiencia preliminar.