El Juzgado Decimoquinto Penal, a cargo de Humberto López, se acogió al término de 30 días para decidir si llama a juicio al colombiano David Murcia Guzmán y a otras siete personas acusadas de captación masiva ilegal de fondos.
Durante la audiencia preliminar, que se llevó a cabo ayer, la fiscal decimocuarta Elena Cedeño solicitó el llamamiento a juicio de los colombianos Murcia, su esposa Joanne León, su cuñada Claudia León, su empleado de confianza Luis Hugo Pinto y del panameño Ernesto Chong Coronado.
Cedeño pidió el sobreseimiento provisional para los empleados de David Murcia Guzmán, Ramsés Anguizola, Efraín Duque y Nedda Castillo.
La fiscal argumentó que la empresa de Murcia, DMG, hacía contratos de bienes y servicios a través de tarjetas prepagadas, sin que tuviese licencia para ejercer actividad bancaria o de corredor de bolsa de valores.
Roniel Ortiz, abogado de Murcia, destacó en su alegato que este es un “expediente político” en el que se negociaron tres magistraturas de la Corte Suprema de Justicia, (incluida la de José Abel Almengor) y nombramientos en dos ministerios del actual gobierno.