Antiguos altos cargos y tesoreros del conservador Partido Popular del presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, se sentaron ayer ante el tribunal como protagonistas de un proceso de corrupción que muchos juzgan como “el juicio del año” en España.
“¡Ladrones!, ¡chorizos!”, gritaban los manifestantes congregados ante la Audiencia Nacional, mientras llegaban los 37 presuntos implicados en esta red de apropiación ilícita de decenas de millones de euros de fondos públicos entre 1999 y 2005.
Los ingredientes del “caso Gürtel” son de sobra conocidos por los españoles: “sobornos”, “falsas facturas”, “caja negra”, “cuentas en Suiza...”
También muchos de los juzgados, entre ellos dos antiguos tesoreros del Partido Popular.
La formación presidida desde 2004 por Rajoy no está encausada por la comisión de delitos (la financiación ilegal de partidos se incluyó como delito en 2015), pero podría tener una responsabilidad civil al lucrarse de los fondos obtenidos ilegalmente por sus alcaldes.
En la entrada del tribunal, quien despertaba más atención era Luis Bárcenas, tesorero del PP desde 1988 hasta su dimisión en 2009, acusado entre otros de haber escondido decenas de millones de euros en el extranjero.
Bárcenas puso en jaque a Rajoy en 2013 tras filtrarse a la prensa unos documentos suyos que presuntamente demostraban el pago de sobresueldos en negro a los dirigentes del partido -entre ellos el mismo jefe de Gobierno-, hechos investigados en otra causa.
El principal acusado es el empresario Francisco Correa, el presunto cabecilla de la trama que dio nombre al caso (Gürtel es Correa en alemán). Este empresario, a quien le gustaba apodarse don Vito, como el mafioso de la película El padrino, anunció antes del proceso que lo contaría “todo”.
Se le acusa de sobornar a ediles del PP entre 1999 y 2005 para hacerse con obras públicas y la organización de grandes eventos como la visita del papa Benedicto XVI a Valencia en 2006 a precios “muy superiores” a los del mercado.
Estos escándalos son uno de los obstáculos de Rajoy para encontrar aliados de gobierno después de haber perdido la mayoría absoluta en diciembre de 2015. Desde entonces, el país no dispone de ejecutivo electo para asumir el poder.