El expresidente de Cataluña Artur Mas será juzgado por organizar en 2014 una votación simbólica sobre la independencia de esta región española, un aviso para su sucesor Carles Puigdemont, que prometió un referéndum vinculante en un año.
En el auto de apertura del juicio oral publicado ayer, el juez instructor de Barcelona José Francisco Valls entiende que Mas podría haber cometido delitos de desobediencia grave y prevaricación al impulsar esta consulta el 9 de noviembre de 2014, que había sido prohibida por el Tribunal Constitucional.
A pesar de esta prohibición, la consulta se celebró igualmente gracias al impulso del gobierno y a la colaboración de miles de voluntarios independentistas. Unos 2.3 millones de personas votaron sobre un censo aproximado de 6 millones y un 80% apostaron por la secesión.
Según el juez instructor, Mas “articuló una estrategia de desafío completo y efectivo a la suspensión acordada por el Tribunal Constitucional”, siendo “plenamente consciente de que con ello quebrantaba el obligado acatamiento” a este tribunal.
Junto al expresidente catalán (2010-2016), para quien la fiscalía reclama 10 años de inhabilitación para cargos públicos, se sentarán como “cooperadoras necesarias” su vicepresidenta Joana Ortega y la responsable de Educación de su gobierno, Irene Rigau.
Ortega fue la responsable del dispositivo electoral, mientras que Rigau permitió la apertura de escuelas para convertirse en centros de votación. La fiscalía reclama para ellas nueve años de inhabilitación. Los tres, que estaban siendo investigados desde finales de 2014, serán juzgados en el Tribunal Superior de Justicia de la región.