Al presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski, no le ha temblado el pulso en el primer escándalo de corrupción en su gobierno. Acaba de apartar a un consejero presidencial y ha anunciado medidas para erradicar un mal enquistado en el país.
El presidente apartó a Carlos Moreno, grabado por el administrador de una clínica cuando le ofrecía contratos dentro del Sistema Integral de Salud. “Es el negociazo, yo tengo a los pacientes”, le dijo en la conversación. “Esa persona traicionó mi confianza”, dijo la noche del lunes Kuczynski, quien asumió el poder hace menos de tres meses.
El gobernante, que llegó al poder enarbolando la bandera de la lucha contra la corrupción, confesó haber tenido “una inmensa decepción” con Moreno.
“Es inaceptable que en un país como el nuestro, con tantas necesidades, tengamos gente tratando de lucrar con el dinero del pueblo en la casa de gobierno”, afirmó en un sorpresivo mensaje a la Nación.
Otros dos consejeros presidenciales también renunciaron en los últimos días, en medio de cuestionamientos opositores sobre su capacidad. Mientras tanto, el presidente del oficialista Peruanos Por el Kambio (PPK), el legislador Gilbert Violeta, ha sido acusado por un exmilitante de su agrupación de cobrar cupos para aceptar candidatos en las listas al Parlamento, algo que él niega.
Al llegar al poder, Kuczynski, un economista liberal de derecha y exbanquero de Wall Street, imprimió un estilo más desenfadado en su gestión, con sesiones de gimnasia en el Palacio de Gobierno antes de cada Consejo de Ministros, bailes y un humor cáustico poco entendible. Pero la luna de miel acabó y, tras las denuncias, su popularidad se desplomó ocho puntos, a 55%.
“Lo ocurrido demuestra una falta de experiencia en el gobierno. El presidente ha percibido que no todo es risas y baile. Ahora tiene que tomar las cosas en serio”, dijo el constitucionalista Natale Amprimo, exvicepresidente del Congreso, a la AFP.
El gobernante anunció medidas urgentes: una revisión exhaustiva del despacho presidencial, con nuevos parámetros para elegir asesores, el escrutinio del entorno de los ministros, la creación de una comisión presidencial de integridad y la convocatoria a los tres poderes del Estado para luchar contra la corrupción.
Amparado en las facultades concedidas por el Congreso para legislar en materia anticorrupción, Kuczynski anunció que su gobierno aprobará una ley de ‘muerte civil’, “es decir, quien haya sido sentenciado por casos de corrupción nunca más podrá volver a trabajar en el Estado, sea en el gobierno central, las municipalidades o las regiones”.
La corrupción es un tema sensible en Perú. En las últimas tres décadas cuatro presidentes han sido acusados de irregularidades.
En esta lista están Alan García (1985-1990 y 2006-2011), procesado en su primer gobierno por enriquecimiento ilícito.
Por su parte, Alejandro Toledo (2001-2006) y Ollanta Humala (2011-2016) son investigados por lavado de activos. El caso más grave es el de Alberto Fujimori (1990-2000), preso por corrupción y crímenes de lesa humanidad desde 2007.