Cinco relatores de las Naciones Unidas en derechos humanos pidieron ayer a Francia que no prorrogue el estado de emergencia.
“El estado de emergencia en vigor y la ley de vigilancia de comunicaciones electrónicas imponen restricciones excesivas y desproporcionadas a las libertades fundamentales”, dijeron.
Entre los relatores figura David Kaye, responsable de la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, y Ben Emmerson, encargado de la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo.
Los expertos, cuyas recomendaciones no son vinculantes, pidieron a Francia que no prorrogue la medida más allá del 26 de febrero, la fecha límite fijada por la ley que se adoptó tras los atentados del 13 de noviembre de 2015 en París.
“Forma parte de las obligaciones internacionales del Estado francés garantizar la adecuada protección contra los abusos cuando se recurre a medidas de excepción y medidas de vigilancia en el marco de la lucha contra el terrorismo”, afirmaron.
Y es que el estado de emergencia amplía el poder del Ejecutivo sobre la recopilación, análisis y almacenamiento de contenido o metadatos de comunicación sin requerir autorización previa o revisión judicial.
Para garantizar el Estado de derecho y evitar procedimientos arbitrarios, los relatores recomiendan un control judicial previo a las medidas antiterroristas. Por eso lamentan que la ley sobre el estado de emergencia “solo permite un control judicial a posteriori”.
Los relatores también consideraron “particularmente alarmante” el arresto domiciliario de activistas ecologistas en el marco del estado de emergencia, unas medidas que “no parecen ajustarse a los principios fundamentales de necesidad y proporcionalidad”.
En una lista de preocupaciones compartida con el Gobierno francés, los expertos aludieron a la falta de claridad y precisión de varias cláusulas de las leyes de vigilancia y del estado de excepción, las cuales están relacionadas con la naturaleza y alcance de las restricciones para ejercer legítimamente el derecho a la libertad de expresión, la libertad de asociación y reunión pacíficas y el derecho a la privacidad.
“Mientras Francia debate el reforzamiento de las medidas de combate al terrorismo y considera una reforma de los procesos penales, pedimos a las autoridades revisar las disposiciones y posibles reformas adoptadas para tal fin, para garantizar el cumplimiento de las leyes internacionales de derechos humanos”, puntualizaron.