Todo comenzó como una investigación rutinaria en marzo de 2014. Las autoridades brasileñas recibieron información sobre varias pequeñas empresas de lavado de autos utilizadas para el lavado de activos. A medida que indagaban y encontraban nueva información, el Ministerio Público Federal y la Justicia Federal de Paraná encontraron indicios de que el dinero que pasaba por los pequeños negocios tenía orígenes mucho más complejos y poderosos.
Descubrieron la existencia de una red de empresas brasileñas que eran contratadas por Petrobras, luego de pactar precios y asegurarse el triunfo en licitaciones.
El truco era inflar entre un 3% y 4% el precio real para luego repartir el dinero entre los directivos de Petrobras relacionados a esa contratación. Un pedazo del pastel para todos. Las autoridades brasileñas relacionaron a varias empresas de importancia, como Andrade Gutierrez, OAS, Camargo Correa, Engevix, Odebrecht, Querós Galvão, Galvão Enghenaria, Mendes Junior, UTC, entre otras.
Una de las piezas importantes en este rompecabezas fue la cooperación del empresario Alberto Youssef –uno de los operarios de los esquemas de lavado, también llamado doleiros–, investigado por su participación en esta compleja red, quien se ofreció como colaborador de la investigación a cambio de rebajas de penas (delator premiado). A medida que Youssef describía la metodología utilizada, las autoridades brasileñas fueron ampliando el compás de su investigación a través de fases. Cada fase comprende el descubrimiento de un nuevo método de operación. Hasta ahora, se han trabajado en 24 fases.
Algunas de ellas incluyen a Panamá, como el caso de Constructora Internacional del Sur, S.A., y varias otras sociedades vinculadas con firmas legales panameñas, incluida, Mossack Fonseca.
Las acusaciones de la Fiscalía brasileña han sido implacables, e incluyen a decenas de empresarios, diputados, senadores, ex diputados federales e, incluso, expresidentes, como Fernando Collor de Mello, acusado formalmente por la Fiscalía por su participación en este entramado de lavado de activos, y al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, al igual que muchos otros políticos vinculados al actual gobierno de Dilma Rousseff.