La Operación Lava Jato comenzó en marzo de 2014 en Brasil, como una investigación común sobre el mercado paralelo de cambio en una red de gasolineras. Pero 30 meses después se ha convertido en la bestia negra del poder en el país sudamericano.
El caso, que acorrala al expresidente de izquierda Luiz Inácio Lula da Silva y se cierne sobre decenas de políticos de casi todas las corrientes, apuntó hacia la estatal Petrobras, revelándose ante la justicia una confabulación entre el primer nivel político y grandes empresas que durante una década desviaron más de 2 mil millones de dólares de la petrolera.
Los delitos recurrentes son corrupción pasiva y activa, crímenes contra el sistema financiero, asociación delictiva y lavado de dinero. Considerado el mayor proceso contra la corrupción en la la historia de Brasil, la fiscalía lo definió como un sistema de “empresas que se enriquecían a costa del Estado, directivos de Petrobras que vendían favores, lavadores profesionales de dinero que pagaban sobornos y políticos y partidos que apoyaban a directivos de Petrobras y a cambio recibían la mayor parte de los sobornos para enriquecerse y financiar sus campañas”.
Grandes constructoras formaron un cartel para eliminar la competencia en la adjudicación de obras de Petrobras y actuaron en connivencia con directivos de la estatal, que a su vez eran designados por políticos para recaudar dinero ilegalmente. Las obras sobrefacturadas generaban excedentes que se transferían a los partidos y a los confabuladores. Operadores del mercado de cambio gestionaban los pagos y lavaban luego el dinero sucio.
La causa se tramita en tres ámbitos: la primera instancia, donde actúa el magistrado Sergio Moro, de Curitiba (sur de Brasil), convertido en campeón de la lucha contra la corrupción, pero también existen procesos en otras cortes de ese nivel. Allí se procesa a los que no están protegidos por fueros (políticos, exlegisladores, exdirectivos de Petrobras, empresarios y operadores de cambio).
Es, también, donde actúan los fiscales federales que acusaron a Lula de ser el “comandante” de la red de corrupción y de recibir 1.1 millones de dólares en sobornos, y también a Marcelo Odebrecht, expresidente de la empresa que lleva su apellido, condenado a más de 19 años de cárcel.
El segundo ámbito es el Supremo Tribunal Federal (STF), que instruye los procesos contra funcionarios federales con fueros, como diputados, senadores y ministros. En este, solo el fiscal general de la República, Rodrigo Janot, puede pedir investigaciones o hacer denuncias.
No hay ningún político con fueros que haya sido condenado hasta el momento y solo se iniciaron tres juicios, aunque dos de ellos podrían pasar a la primera instancia por ser contra Eduardo Cunha, el diputado ultraconservador destituido la semana pasada y por ende ya sin inmunidad. El otro es contra el diputado Nelson Meurer, del Partido Progresista (PP, de derecha).
Y por último, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) hace lo propio con funcionarios regionales, como gobernadores o integrantes del Tribunal de Cuentas de la Unión –que audita al Estado– y que también tramita apelaciones ya denegadas en instancias inferiores.
El STF tiene 81 investigaciones en curso sobre 364 personas físicas y jurídicas.
Fueron presentadas 45 acusaciones contra funcionarios federales con cargos vigentes, aunque también hay personas sin fueros, cuyo compromiso con los acusados es tan próximo que no permite enviar sus casos a la justicia ordinaria. La mayoría de los indagados pertenece al Partido de los Trabajadores (PT, izquierda) de Lula y su destituida sucesora Dilma Rousseff; al Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB, centro-derecha) del presidente de Brasil, Michel Temer, y al PP.
La primera instancia realizó, por su lado, mil 397 procedimientos, 239 acusaciones penales y emitió 106 condenas por un total de más de mil 148 años.
Petrobras pasó a pérdida el equivalente a 2 mil 59 millones de dólares en su balance 2014. Nadie discute que buena parte del éxito de la operación obedece a las delaciones premiadas, acuerdos entre la justicia y los investigados para obtener confesiones a cambio de una reducción de sus condenas. Estas permitieron desanudar la trama, entender las relaciones jerárquicas, precisar fechas, cuentas y acceder a conversaciones grabadas.
El STF aprobó 41 delaciones que incluyen a empresarios, operadores del mercado negro de cambio, políticos y directivos de Petrobras, como el exgerente de Servicios Pedro Barusco, que se comprometió a devolver 97 millones de dólares que había desviado.
PANAMÁ REACCIONA
Al igual que lo hizo el pasado miércoles la procuradora Kenia Porcell, ahora el secretario general de la Procuraduría de la Nación, Rolando Rodríguez Cedeño, reitera que Brasil debe ser más específico en su solicitud de asistencia judicial a Panamá.
El funcionario dijo que es necesario que Brasil sea más específico en su solicitud, toda vez que se pudiera afectar el derecho de un tercero que no está involucrado, dice un comunicado del Ministerio Público.
Rodríguez Cedeño manifestó que ha solicitado, de manera reiterada y formal a los fiscales de Brasil que hicieron la solicitud, que visitaran la Procuraduría General de la Nación para brindarles información. No obstante, aseguró que las autoridades panameñas no han recibido respuesta de sus colegas brasileñas.
“Panamá siempre ha sido colaboradora en estos temas, sin embargo no hemos tenido respuesta por parte de los fiscales brasileños”, señaló Rodríguez Cedeño, al ser abordado sobre el caso por medios de comunicación.
“Tenemos la mayor disposición y, es más, me correspondió a mí en una ocasión tener comunicación verbal telefónica con los fiscales de Brasil cuando dijeron que iban a venir a la República de Panamá. Hicimos la cita y no vinieron; les mandé un correo personalmente diciendo que me había quedado esperándolos, cuando ellos lo habían solicitado y no me respondieron más nunca el correo y las comunicaciones inclusive que se han hecho posteriores”, señaló.
Indicó que como autoridades de la Procuraduría General de la Nación se basan en las leyes internas, así como en la Convención contra la Corrupción de las Naciones Unidas, ya que es importante preservar estos principios de confidencialidad.
No obstante, lo que dice la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción es que cuando el producto del delito “se haya mezclado con bienes adquiridos de fuentes lícitas, esos bienes serán objeto de decomiso hasta el valor estimado del producto entremezclado, sin menoscabo de cualquier otra facultad de embargo preventivo o incautación”... “A los efectos del presente artículo y del artículo 55 de la presente Convención, cada Estado Parte facultará a sus tribunales u otras autoridades competentes para ordenar la presentación o la incautación de documentos bancarios, financieros o comerciales. Los Estados Parte no podrán negarse a aplicar las disposiciones del presente párrafo amparándose en el secreto bancario”.
(Basado en un cable de la agencia AFP, con información de Juan Manuel Díaz y Rolando Rodríguez B.).
