A Antonio Di Pietro se le recuerda en Roma como el fiscal de “tangentopolis” (“tangente”, coima), que hace 20 años puso fin a una época de corrupción política y en la que hacía sus primeras andanzas Valter Lavítola. Da lo mismo cuando habla Di Pietro, parece que en Italia todo ha cambiado para que nada cambie, como escribió Giusseppe de Lampedusa en Gatopardo.
En los últimos años, Di Pietro –elegido al Parlamento italiano– fue la pesadilla de Silvio Berlusconi. Le llamó “violador de la democracia” y lo definió como “el mayor embustero de la historia”. Fue el primero en denunciar públicamente la compra de votos de diputados y senadores de la oposición, con Lavítola como intermediario.
Pidió que el Parlamento echara a Berlusconi. “Hay que librarse –dijo– de todos los que se han vendido al diablo”.
Cuando Di Pietro formó parte del Parlamento e iniciaba un discurso, Berlusconi abandonaba el hemiciclo para no escucharle y entonces Di Pietro le llamaba el “Presidente ausente” o el “Presidente fugitivo”.
¿Qué sensación tuvo cuando el Parlamento expulsó a Silvio Berlusconi?
En un país normal no debería votarse la expulsión de un criminal condenado en firme por fraude fiscal. El suyo es el más grave de los delitos porque lo cometió como el jefe del Gobierno.
Como en este caso.
Lo peor que deja Berlusconi en la sociedad italiana es el “berlusconismo”. Ha dado a entender que los ciudadanos son tontos si pagan impuestos. La condena por sí sola debería haber llevado a su renuncia. No ha sido así, y su expulsión del Parlamento es solo un acto de justicia, de reafirmación del estado de derecho.
Berlusconi cambió leyes para blindarse judicialmente. Tras su expulsión, ¿la magistratura italiana es más independiente?
Con Berlusconi como parlamentario, determinados actos investigados –como las interceptaciones telefónicas o su arresto– no eran posibles porque requerían la autorización del Parlamento. Ya no existe este enquistamiento judicial, pero el arresto de Berlusconi es hoy una idea académica. Solo ingresaría en prisión como medida preventiva si se demuestra que intenta comprar testigos, una práctica a la que está habituado. Si yo fuera su abogado, le diría: “sé bueno y no te la juegues”.
¿Cómo califica el comportamiento de Valter Lavítola, autodesignado periodista, que publicó supuestas investigaciones sobre delitos que se han demostrado inexistentes, pero que provocaron el final de la carrera de políticos?
Es una cuestión muy delicada. Es el método “Boffo”, llamada así por la falsa acusación del periódico Il Giornale, propiedad de Berlusconi, contra el director del diario católico Avvenire, Dino Boffo, por inexistentes abusos homosexuales a menores. Se organiza una campaña periodística con pruebas falsas para generar descrédito y degradar la reputación [de alguien] ante la opinión pública. Berlusconi es una de las personas que más ha recurrido al método de archivos falsos. A Lavítola le conozco de cuando yo era fiscal. Y no precisamente por ir a cenar juntos.
Ya usted acusó de corrupción al ex primer ministro Bettino Craxi, que terminó huyendo a Túnez. Y Lavítola era entonces el correo de los maletines de oro que cruzaba el Mediterráneo. ¿Es posible que Lavítola colabore algún día con la justicia?
Hay dos tipos de arrepentidos: el bíblico, que quiere pagar su culpa y acepta la condena; y el procesual, que no quiere cumplir condena, pero acepta su responsabilidad para reducir su pena. Lavítola es de estos últimos. Está jugando con la justicia. De su comportamiento se deduce que está mandando mensajes a alguien. Le está diciendo: “atención que sé muchas cosas y podría cantar, atentos a cómo os comportáis”.
¿A qué juega?
A través de estos mensajes velados está tratando de conseguir protección política, financiera e, incluso, judicial.
¿Lavítola espera ayuda económica o tiene dinero en el extranjero?
Para él, el extranjero no existe. Se considera ciudadano de todo el mundo.
¿Podría implicar a Berlusconi en las investigaciones por presunta corrupción internacional en Panamá?
La fuerza de Lavítola no está en lo que dice, sino en lo que calla.
Hace algo más de un año, cuando Lavítola estaba preso en Nápoles, el presidente, Ricardo Martinelli, dijo en Radio Panamá que si regresaba al país, le pondría tres carros de la Presidencia a su disposición.
Evidentemente Martinelli sabe que si Lavítola habla, acabará como él.
¿Lavítola pretende cargar judicialmente con la responsabilidad de todo?
Siempre ha actuado así.
¿Es masoquista?
No, es uno que sabe invertir bien. Creo que hay algún “traidor” en su entorno, porque él hacía lo que le daba la gana desde hace más de 10 años, viajaba por todo el mundo... Hay que esperar que en el proceso entienda que le conviene hablar. Solo entonces aparecerá la verdad y no solo de Italia, sino también de Bulgaria, Panamá o Suramérica.
La Fiscalía de Roma concluyó las investigaciones de la presunta corrupción en Panamá antes del verano y ha imputado a Paolo Pozzessere, de Finmeccanica, y a Valter Lavítola por el desvío de unos 20 millones al entorno de Martinelli. Mientras, la Fiscalía de Nápoles sigue investigando las coimas de la frustrada adjudicación de las cárceles modulares. ¿Por qué se demora el inicio de los juicios?
Las prácticas más usuales para retrasar los juicios son: que los acusados no estén disponibles; que los abogados están ausentes; que el envío a juicio no sea formalmente apto o que el sistema judicial de otros países retrase el envío de documentación. Son técnicas para alargar el proceso para intentar llegar a la prescripción, para que no se pueda juzgar porque ha pasado demasiado tiempo. Así Berlusconi, por ejemplo, evitó la mitad de los procesos.
¿Cree que la justicia de Panamá actúa de buena voluntad con la italiana?
Si la Fiscalía de Panamá ha recopilado documentos bancarios o pruebas, debe enviarlos a Italia a través del Ministerio de Justicia, que a su vez lo remite al Ministerio de Exteriores, que a su vez lo manda... No sabemos cuántos funcionarios de esta cadena actúan de buena voluntad para que todos los papeles lleguen puntuales a su destino.
Lavítola habría creado empresas y cuentas bancarias en Bulgaria para desviar allí el dinero de las coimas de Panamá.
Las interceptaciones de la Fiscalía de Nápoles desvelan, además, que fue Berlusconi quien le advirtió a Lavítola [en Bulgaria] que lo estaban investigando.
¿Qué medidas evitarían la corrupción en países donde los jefes de Estado o de Gobierno controlan los poderes legislativo, ejecutivo y judicial?
El único modo de resolver el problema de corrupción en los países que no colaboran con la justicia internacional es el embargo comercial y financiero hasta que demuestren transparencia.
¿También Panamá?
Sí, Panamá también. No me parece que brille, precisamente, por su transparencia ni por su colaboración con la justicia internacional o por su normativa en la lucha contra el blanqueo de capitales.
¿La corrupción va de la mano de la criminalidad?
El crimen organizado utiliza las instituciones a su alcance para la comisión de actos criminales. En las islas Vírgenes Británicas, en Santa Lucía, en Antigua... los políticos corruptos, los empresarios que falsean sus cuentas o el narcotráfico utilizan los mismos bancos y entidades financieras para cometer los delitos.
Berlusconi justificó en televisión el pago de coimas de empresas italianas para obtener contratos en el extranjero.
Un político así –que no solo justifica estas ilegalidades, sino que las practica– no debería ser votado. En el plano técnico-legal es responsable quien comete corrupción, pero también es responsable el funcionario que no la denuncia o no impide estos comportamientos.
¿Cuáles son los métodos más usuales para desviar dinero ilegal?
En el pasado era la entrega de maletines llenos de dinero. Hoy esto es historia. Actualmente son entidades, mitad empresariales y mitad financieras, que “justifican” el dinero sucio. En mi experiencia como magistrado anticorrupción descubrí cómo se falseaban las cuentas a través de sociedades extranjeras. Es decir, buscaba qué participaciones tenía una sociedad en otras radicadas en países off shore, luego me iba a estos países a ver qué hacían estas empresas allí.
Recientes investigaciones muestran que hubo un período en el que varias empresas italianas, como Finmeccanica, Svemark o Impregilo, estaban acostumbradas a pagar coimas para ganar licitaciones de contratos públicos.
Pero no son nombres nuevos. “Manos Limpias” arrestó dirigentes de Impregilo en su tiempo, y tenía a Finmeccanica en el punto de mira. El problema de fondo es porqué estas empresas, o algunos de sus empresarios, continúan cometiendo corrupción. Hay que crear un marco legislativo internacional que impida a los empresarios o empresas que pagan directa o indirectamente coimas, acceder a concursos de licitaciones públicas.
El problema es que hoy los corruptos crean sociedades en cadena, cada una en un país diferente. La arquitectura financiera de Berlusconi, por ejemplo, cuenta con 108 empresas en 60 paraísos fiscales y se pierde el rastro de la plata ilegal. ¿Cómo luchar contra esto?
El problema de fondo es que hay personajes que pueden seguir en el círculo de la corrupción. Es necesario un marco legislativo internacional que impida el acceso a licitaciones públicas a quienes pagan coimas.