El Tribunal de Vigilancia de Nápoles (Italia) decidirá en una audiencia administrativa, el próximo 21 de octubre, si revoca o no a Valter Lavítola la disposición judicial que lo mantiene en arresto domiciliario desde hace unos siete meses, cuando salió de la cárcel.
El abogado de Lavítola, Sergio Cola –el séptimo que lo asiste legalmente– presentó un recurso ante el órgano judicial competente para controlar la ejecución de las penas en el que reclamó la excarcelación definitiva de su cliente.
“El cálculo realizado por mi equipo concluye que Lavítola ya ha cumplido todas las sentencias en tercer grado a las que fue condenado en el pasado”, ha explicado ayer Cola a este periódico, en una entrevista.
Lavítola –que en abril pasado cumplió cuatro años privado de libertad, tres de ellos pasados entre las prisiones de Nápoles Poggioreale y Secondigliano– acumula tres sentencias condenatorias en firme.
Una de ellas, la más reciente, está relacionada a un caso de corrupción internacional en Panamá.
Los jueces condenaron a Lavítola a 11 meses de cárcel al haber intentado desviar hasta unos 22 millones de dólares en coimas en la frustrada construcción del hospital pediátrico de Veraguas. Lavítola se acogió a un pacto con la fiscalía, que en la práctica equivale a una declaración de culpabilidad.
A su vez, en el Tribunal de Roma, su defensa acordó con el colegio de jueces cumplir una pena de tres años y ocho meses de prisión, por los cargos de estafa y malversación de fondos públicos ligados al Avanti, el periódico que Valter Lavítola dirigía en Italia.
Por otro lado, el Tribunal Supremo de Italia confirmó, en julio de 2014, la condena reducida a 16 meses de la pena de prisión también a Lavítola, por haber extorsionado al hoy ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi.
Pero los procesos judiciales en los que está involucrado el italiano no terminan allí. Actualmente, Lavítola tiene que enfrentar otros dos procesos abiertos ante la justicia italiana.
En el Tribunal de Roma está imputado, junto con el ex director comercial de Finmeccanica Paolo Pozzessere, por corrupción internacional en Panamá.
Las pruebas en manos de los magistrados apuntan a que la sociedad panameña Agafia Corp. se fundó para recibir una coima de unos 25 millones de dólares, provenientes de los contratos que Panamá negoció de forma directa con la empresa Finmeccanica –por unos 250 millones de dólares– y presuntamente destinados al hoy expresidente Ricardo Martinelli y su llamado “entorno”.
La repentina jubilación de la presidenta del Colegio de Jueces que, precisamente, instruía este caso, provocó un escenario incierto.
El próximo 7 de febrero se sabrá si el juicio debe repetir las declaraciones de los testigos para que las escuche el nuevo tribunal o si bastarán los documentos y declaraciones de las pasadas audiencias.
NUEVA AUDIENCIA
Además, ayer lunes, en el Tribunal de Bari (sur de Italia) tuvo lugar la audiencia preliminar ante el juez instructor del proceso judicial en el que se acusa al ex primer ministro Silvio Berlusconi y también a Lavítola de haber pagado grandes cantidades de dinero al empresario italiano Gianpaolo Tarantini.
Dicho pago iba dirigido, según los fiscales, a evitar que el empresario revelara ante los jueces de la causa la obscena verdad acerca de las llamadas fiestas “bunga bunga” que el viejo político italiano celebraba en sus residencias.
A sus veladas erótico-festivas asistieron, al menos, unas 26 jóvenes –todas prostitutas– que llevó a sus residencias en el Palacio Grazioli (Roma), de Villa Certosa (en la isla de Cerdeña), y de Arcore (en Milán), entre los años 2008 y 2009.
Según la imputación, Tarantini habría recibido más de 500 mil dólares, pagados del bolsillo de Berlusconi, a través de un intermediario, en este caso, Lavítola.
Este mismo rol también Lavítola lo repitió en el caso de la compra de parlamentarios italianos a fin de hacer caer al gobierno de Romano Prodi, en 2008, por lo que ambos –Lavítola y Berlusconi– fueron condenados, en primera instancia, a tres años de cárcel.
Ayer, fiel a la costumbre de evitar la acción de la justicia, Berlusconi –que cumplió 80 años el mes pasado– viajó a Nueva York (Estados Unidos) para hacerse una revisión rutinaria del marcapasos que le colocaron en un hospital de Milán.
Sus abogados se ocuparon de presentar una instancia al Tribunal de Bari para que la situación de su asistido sea congelada “por razones médicas”.