El juicio por corrupción internacional de Finmeccanica en Panamá sobre el presunto desvío de hasta 18 millones de dólares en coimas, entre cuyos destinatarios se encontrarían el presidente Ricardo Martinelli y otras figuras de su gobierno no identificadas, dará comienzo este martes 4 de marzo, en el aula 10 del Tribunal de Roma a las 11:00 a.m., hora de Italia.
El fiscal Paolo Ielo, histórico magistrado del caso Manos Limpias, presenta cargos penales contra Paolo Pozzessere, exdirector comercial de Finmeccanica, que ya cumplió prisión por este asunto; Valter Lavítola, bisagra viciada entre Italia y Panamá; y Karen De Gracia, presidenta de Agafia Corp, sociedad creada por estos dos últimos para desviar a Bulgaria las coimas de las empresas italianas.
Se trata de la audiencia preliminar, a puerta cerrada y sin periodistas, en la que la juez María Bonaventura, con reputada solvencia en procesos de corrupción política, deberá decidir si las conclusiones del fiscal Ielo son contundentes o si, por el contrario, debe prorrogar las investigaciones.
La justicia italiana, que indaga desde hace más de 30 meses los contratos en los que hay indicios de corrupción firmados entre el Gobierno de Panamá y las tres sociedades de Finmeccanica: Selex, Telespazio y AgustaWestland en 2010, imputa responsabilidades directamente al Presidente panameño.
Según el informe de conclusiones de investigación al que ha tenido acceso La Prensa, “Agafia es una sociedad reconducible al presidente Ricardo Martinelli, gestionada por Valter Lavítola y constituida para ser vehículo de tránsito de las coimas”.
La fiscalía ve una clara “utilidad económica dirigida hacia Martinelli en los acuerdos con Finmeccanica”. Uno de los fines evidentes en la compra de helicópteros, radares y sistema de cartografía digital a las empresas italianas era hacer llegar dinero negro al presidente Martinelli o a su entorno a través de Agafia Corp, según la fiscalía italiana.
No obstante, Valter Lavítola eximió de toda culpa a Ricardo Martinelli en la conversación que mantuvo con el periodista Joan Solés, según consta en la documentación judicial. Por ello, podría atribuirse la autoría de todos los delitos e intentar alcanzar un pacto con los jueces. Aunque su currículum está manchado con dos condenas, obtendría en tal caso una reducción de un tercio de la pena.
El coloso semipúblico de la defensa, Finmeccanica, es responsable civil subsidiario en este proceso por su grave implicación en los hechos. Es decir, podría ser condenado a reparar el daño causado por los imputados, asumiendo las indemnizaciones que se dictarán en la última sentencia, e incluso el pago total de los elevados costes judiciales de hasta un millón de dólares.
Jurisdicción italiana
En delitos de corrupción internacional Italia se rige por la convención de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) firmada en 1997 en París, que solo criminaliza la llamada corrupción activa en operaciones económicas. Por ello, la parte que recibe las coimas o –en lenguaje legal– la corrupción pasiva, es decir en la que habrían incurrido algunos funcionarios panameños, entre ellos Martinelli, no podrá ser juzgada por la magistratura italiana.
Sin embargo, es necesario demostrar que, además de los corruptores, existe la parte corrupta, algo tipificado detalladamente en el documento judicial.
No obstante, los jefes de Estado o de Gobierno no son punibles, según el derecho internacional. Con todo, cuando pierda la inmunidad política, el Presidente podría ser procesado si, como aseguran algunas fuentes, dispone de pasaporte italiano. En este caso sería juzgado como “corruptor activo” e Italia podría emitir una orden internacional de arresto si se demostrara que contribuyó junto con Lavítola al diseño del delito, según las consultas jurídicas realizadas por este periódico.
En el caso de Karen De Gracia, imputada en el Tribunal de Roma en el escándalo de Finmeccanica, se trataría de corrupción activa al figurar como titular de Agafia Corp y, por consiguiente, punible puesto que no ocupa cargo público alguno.
Según el Código Penal italiano, la fiscalía podría pedir de entre tres meses y seis años de prisión para las personas imputadas por haber “ofrecido o prometido deliberadamente cualquier beneficio indebido, pecuniario o de otra clase a un agente público extranjero, con el fin de conseguir o de conservar un contrato u otro beneficio irregular en la realización de actividades económicas internacionales”.
Panamá, principal escenario de la corrupción
Según está escrito en el sumario secreto, Panamá es el principal escenario de los delitos porque el presidente Martinelli firmó “el acuerdo intergubernamental, gracias a la mediación de Lavítola, que constituyó la premisa político-normativa de los contratos que se firmaron con las sociedades italianas” y donde se “instituyó la empresa Agafia”, que debía servir para el desvío de las coimas.
Conviene recordar que la investigación por corrupción internacional en Panamá esta desgajada en dos piezas independientes, la correspondiente a Finmeccanica, cuyo juicio se inicia hoy, y la parte de Svemark que sigue en fase de instrucción en Nápoles.