Sectores de la sociedad civil calificaron como dilatoria la demanda que interpuso la Asamblea Nacional ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para que interprete el “alcance y sentido” de la auditoría que ordenó la Contraloría sobre las donaciones y contratos de servicios profesionales que autorizó el Legislativo.
Las reacciones surgen luego de conocerse que la Sala Tercera admitió tres pruebas documentales que presentó el abogado César Pinilla, representante legal de la Asamblea en este proceso.
El abogado Ernesto Cedeño dijo que con estas acciones se demuestra que el Legislativo es “reticente” a divulgar la información sobre las donaciones y contratos.
Olga De Obaldía, directora ejecutiva de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional, manifestó que se trata de “recursos dilatorios” del Legislativo para no dar la información sobre el caso.
La activista destacó que esa información sería necesaria para pedir la reapertura de la investigación contra funcionarios de la Asamblea y uno del Municipio de Santiago que tramitaron las donaciones.
De Obaldía también cuestionó a la Contraloría porque no ha explicado el avance de las auditorías que practicó.
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA ADMITE PRUEBAS DE LA ASAMBLEA
La Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) avanzó en una demanda que interpuso la Asamblea Nacional (AN) para que se dé una “interpretación prejudicial” sobre la auditoría que ordenó la Contraloría a las donaciones y contratos por servicios profesionales que autorizó ese órgano del Estado entre julio de 2014 y diciembre de 2016.
En un edicto publicado ayer se informa que la Sala admitió tres pruebas que presentó César Pinilla, abogado que representa a la Asamblea en esta demanda. Las pruebas son copias de tres documentos que cursó la Contraloría para ordenar la citada auditoría el 8 de marzo de 2017.
El Legislativo interpuso la demanda luego de que el 16 de marzo de 2017, el pleno de la Corte declarara inconstitucionales las donaciones y contratos que entregaban los diputados de la Asamblea.
Además, la demanda se interpuso en virtud del numeral 11 del artículo 97 del Código Judicial, que señala que la Sala Tercera conocerá“de la interpretación prejudicial acerca del alcance y sentido de los actos administrativos cuando la autoridad judicial encargada de decidir un proceso o la administrativa encargada de su ejecución, lo solicite antes de resolver el fondo del negocio o de ejecutar el acto, según corresponda”.
Esta demanda se encuentra radicada en el despacho del magistrado Luis Ramón Fábrega.
REACCIONES
El abogado Ernesto Cedeño -quien demandó la inconstitucionalidad de las donaciones del Legislativo- aseguró que con estas acciones la Asamblea “está reticente” a entregar información sobre las donaciones y contratos por servicios profesionales.
Indicó que el Legislativo con esta demanda de interpretación prejudicial busca evadir la entrega de información sobre los contratos profesionales y donaciones, tal y como se lo ordenó la Corte en un reciente habeas data.
Cedeño se refería al fallo del 20 de diciembre pasado, mediante el cual la Corte ordenó a la Asamblea entregar esta información al diario La Prensa. En el fallo, bajo la ponencia del magistrado Mario Carrasco, se declaró que esta información tiene carácter público.
Sin embargo, a pesar de esta orden, la Asamblea no ha cumplido con entregar dicha información.
Cedeño consideró que la Asamblea se encuentra en desacato con la Corte y que sería prudente que se tomaran acciones para asegurar el cumplimiento del fallo.
De acuerdo con el abogado, la Corte no tiene nada que interpretar en este caso, ya que el fallo de marzo de 2017 fue claro y además la Constitución faculta a la Contraloría a fiscalizar todo dinero público.
“Me parece que se trata de un recurso que busca entorpecer el trabajo de la Contraloría, que está en su derecho de hacer el trabajo de verificación del uso que se da a los fondos públicos”, enfatizó.
Por su parte, Olga De Obaldía, directora ejecutiva de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana (capítulo panameño de Transparencia Internacional), dijo que desconocía la existencia de esta demanda ante la Sala Tercera de la Corte, pero que obviamente se trata de un recurso que busca dilatar la entrega de la información sobre las donaciones y contratos en la Asamblea.
De Obaldía recordó que la fundación está también a la espera de que el Legislativo revele esa información para pedirle a la Fiscalía Anticorrupción de Descarga que reabra la investigación contra los funcionarios que fungieron como tramitadores de las donaciones y contratos del Legislativo.
También denunció que la fundación solicitó a la Contraloría información sobre el avance de la citada auditoría, pero no ha recibido respuesta a esa petición.
ESCÁNDALO SIN CULPABLES
En marzo de 2017 una investigación del diario La Prensa reveló que entre julio de 2014 y diciembre de 2016, la Asamblea Nacional gestionó $14 millones en donaciones, dinero que, en su mayoría, no quedó en manos de los peticionarios originales. Además, el Legislativo destinó $68 millones en contratos por servicios profesionales, aunque la mayoría de estos trabajos no fueron realizados.
La Corte Suprema de Justicia cerró a finales del año pasado, alegando falta de la llamada prueba idónea, una investigación a los diputados por este caso.
Mientras que en septiembre de 2017, la Fiscalía Anticorrupción de Descarga le pidió al Órgano Judicial un sobreseimiento provisional en la denuncia contra cinco funcionarios de la Asamblea Nacional y uno del Municipio de Santiago por la supuesta comisión del delito de peculado. Esta denuncia la presentó la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional.