Un día después de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela desconociera la facultad de la Asamblea Nacional de aprobar el presupuesto de la nación y facultara al presidente Nicolás Maduro a enviarlo a esa instancia judicial para el trámite correspondiente, la mayoritaria bancada opositora aprobó ayer el “Acuerdo sobre el rescate a la democracia y el respeto a la Constitución”, en el que desconoce la autoridad y vigencia de los actos del Ejecutivo y del TSJ que “contraríen valores y principios democráticos y lesionen los derechos fundamentales”.
El documento, que resume en 14 considerandos los hechos más relevantes del choque institucional que sostienen el Legislativo y el Ejecutivo desde que el 1 de enero pasado la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) asumió el control del parlamento, faculta a la junta directiva de la Asamblea a liderar un proceso para conformar un movimiento de defensa de la Constitución, la democracia y el voto, y emplaza al Consejo Nacional Electoral (CNE) a que fije de manera definitiva el cronograma para la realización del referéndum revocatorio del mandato de Maduro y para la elección de los gobernadores, ambos en 2016.
Asimismo, insta a la Fuerza Armada Nacional a coadyuvar en el restablecimiento del Estado de Derecho, de la vigencia de los derechos fundamentales y de los principios democráticos, y a que le exija al presidente y al CNE que garanticen el ejercicio de los derechos políticos y el respeto de la voluntad del electorado, especialmente para el referéndum y las elecciones regionales.
“Ante la decisión del Gobierno de ignorar la voluntad de cambio del electorado, obstaculizando el ejercicio legítimo del voto y de los demás mecanismos de participación previstos en la ‘Constitución’; ante las manifestaciones autoritarias, de concentración de poder y atropello de los derechos fundamentales; ante el desconocimiento de la autoridad de la Asamblea, por parte del Poder Ejecutivo y del TSJ, cuyas sentencias han pretendido anular sistemáticamente los actos parlamentarios y por ende anular y negar la soberanía popular; y ante la usurpación de funciones que implica la reciente sentencia que da al TSJ la función de control del Ejecutivo”, el bloque opositor también emplazó a la Sala Electoral del TSJ a que permita la incorporación de los diputados electos del estado Amazonas o que se repitan los comicios para esa circunscripción electoral.
Asimismo, se acordó conformar un comité de postulaciones judiciales para la designación de los magistrados del TSJ que fueron nombrados “de manera inconstitucional el 23 de diciembre de 2015”, y de una comisión especial para estudiar y analizar la designación de los rectores del CNE que hiciera el TSJ en 2014, a fin de determinar si hubo vicios de inconstitucionalidad y de ilegalidad en dicho proceso.
Al sustentar el acuerdo, el jefe de la fracción de la MUD, Julio Borges, fustigó al Gobierno Nacional y a la bancada oficialista en la Asamblea, a la que le recordó que están allí porque promovieron una nueva Constitución. “Recuerden que ustedes llegaron al poder por el voto sagrado del pueblo y por unas instituciones que respetaron ese voto” y “son ustedes quienes están fuera de la Constitución, quienes han hecho de la Constitución un libro que hoy no significa nada para nuestro pueblo”. “El derecho al voto, ese es también un derecho que ustedes quieren aniquilar (...) porque esta Asamblea que fue electa el 6 de diciembre del año pasado es la institución, el poder público que tiene hoy la mayor legitimidad del país, y parte de la crisis que estamos viviendo hoy es el hecho de que ustedes no quieren reconocer y no han reconocido los resultados que nos dieron una victoria aplastante”, remarcó Borges, quien aseguró que con el voto de los venezolanos van a restituir la democracia y la dignidad del pueblo y la Constitución.