Una denuncia penal fue presentada ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) contra el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Rubén De León, por las presuntas irregularidades en la gestión de donaciones por $14 millones y otros $68 millones en contrataciones de servicios profesionales.
En la acción legal presentada por el abogado Ernesto Cedeño se solicita que se investigue a De León por la presunta comisión de los delitos de asociación ilícita para delinquir, contra la administración pública y por delitos electorales.
El denunciante citó el artículo 329 del Código Penal que señala: “Cuando tres o más personas se concierten con el propósito de cometer delitos, cada una de ellas será sancionada por ese solo hecho con prisión (...)”.
Cedeño sustenta que se pudieron haber cometido delitos de tipo penal tras haber aprobado De León, como presidente del Legislativo, donativos o subsidios dentro de una presunta red, que conforme a las investigaciones periodísticas de La Prensa, parte de estos no llegaron a sus beneficiarios.
Como pruebas idóneas de su denuncia, el abogado presentó una nota con la información del Ministerio de Economía y Finanzas que contempla los recursos asignados y pagados en donativos a personas y subsidios por la Asamblea Nacional desde 2014 hasta la fecha.
También presentó el Decreto 441 de octubre de 2016 de la Contraloría General de la República que establece los requisitos y controles para otorgar apoyos de la AN. Además de una serie de los reportajes investigativos publicados por este medio.
Se buscó la reacción del diputado De León, pero este no contestó su celular.
En tanto, el magistrado presidente de la CSJ, José Ayú Prado, advirtió que toda acción legal contra un diputado debe incluir la prueba idónea y no pruebas vinculantes, como requisito para que sea admitida y se proceda a investigar el caso.
“Nosotros no iniciamos investigaciones de oficio, porque la reforma constitucional de 2004 que le encomendó a la Corte investigar y juzgar a miembros de la Asamblea Nacional no contemplaba la figura permanente de un fiscal dentro de la Corte”, dijo.
Explicó que para investigar a un miembro de la Asamblea alguien tiene que poner la denuncia o se tienen que recibir copias de un expediente ya iniciado.