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INVESTIGACIóN

Levantan reserva al caso Blue Apple

Abogados de vinculados al proceso aplauden el nuevo estatus. Se investiga el blanqueo de capitales y la asociación ilícita para delinquir.

Levantan reserva al caso Blue Apple
Levantan reserva al caso Blue Apple

La Fiscalía Sexta Anticorrupción levantó la reserva a las investigaciones del denominado caso Blue Apple, que ya cuenta con 145 tomos.

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El hecho se da luego de que el pasado 12 de febrero venciera el velo que la fiscalía había impuesto a este expediente apenas caducó la primera reserva ordenada por la procuradora Kenia Porcell en diciembre de 2017.

La decisión la tomó el fiscal Aurelio Vásquez a cargo de las pesquisas. Lo hizo con base en el artículo 4 de la Ley 121 de 2013 sobre delincuencia organizada. Ese artículo dispone: “Cuando en el desarrollo de la investigación la publicidad pueda entorpecer el descubrimiento de la verdad o provocar la fuga de algún sospechoso, el fiscal competente podrá disponer por resolución fundada en la reserva parcial o total de las actuaciones hasta por treinta días”.

Gladys Quintero, abogada de Joaquín Rodríguez Salcedo, exvicepresidente de Factoring y Fianzas, subsidiaria de Global Bank, dijo al respecto que esta información es esencial para poder tener acceso a la investigación y a los elementos probatorios que el fiscal tiene.

Mientras que Basilio González, abogado del exministro de Obras Públicas, Jaime Ford, vinculado al caso, expresó que la reserva del sumario viola las garantías fundamentales. “Al levantarse la reserva, por decirlo de alguna manera, se restablecen los derechos fundamentales que tienen las personas investigadas”, agregó.

González, acompañado de su colega Miguel Batista, también del equipo legal de Ford, acudió ayer a la fiscalía para leer el expediente. Dijeron que hasta ahora a Ford no se le han imputado cargos por este caso.

La fiscalía investiga a, al menos, 33 personas por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales y asociación ilícita para delinquir. Se busca determinar el supuesto pago de sobornos y otros actos de corrupción por parte de contratistas del Estado.


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