El proyecto de ley 12, que crea el régimen de Asociaciones Público Privadas y que se debate en la Asamblea Nacional, remite a la Ley 22 de Contrataciones Públicas en los temas relativos a la inhabilitación y a la incapacidad legal para contratar empresas.
En la reforma aprobada por el Consejo de Gabinete a la Ley 22 de 2006 se incorpora la incapacidad legal para contratar a empresas inhabilitadas en virtud de un acuerdo de colaboración con la justicia en donde reconocen la comisión de delitos.
La inclusión de un miembro de la Asamblea en el ente rector de las APP podría suponer la intromisión en las facultades del Ejecutivo, lo que sería inconstitucional.
Algunas facciones de la Asamblea consideran prudente bajar el texto a segundo debate.