El pasado 20 de febrero, el presidente de la República, Ricardo Martinelli, dijo durante un acto oficial que habían elaborado una normativa para que los propietarios de inmuebles del Casco Antiguo, en San Felipe, indemnizaran de una “manera justa” a los inquilinos en caso de que tuvieran que hacer uso de sus fincas.
La indemnización a la que hacía referencia el mandatario era para que estas personas tuvieran la opción de adquirir una vivienda digna.
Francisco Pérez, quien tiene más de 26 años de vivir en esa comunidad, escuchaba al gobernante desde su residencia ese día y cuenta que i no se asemeja a lo que plantea la nueva Ley No. 136 del 31 de diciembre de 2013 sobre puesta en valor del conjunto monumental Casco Antiguo, y que fue publicada en Gaceta Oficial el pasado 17 de enero de 2014.
Resulta que la normativa establece que las indemnizaciones a los inquilinos de inmuebles de ese sitio histórico solo van desde los $5 mil hasta los $12 mil, en caso de que los dueños de esas propiedades quieran llevar a cabo desalojos para acondicionar o desarrollar nuevos proyectos en esas estructuras.
Por ejemplo, aquellos residentes con entre 5 y 10 años serán compensados con $5 mil, de 10 a 20 años ($6 mil), de 20 a 30 años ($8 mil), de 30 a 40 años ($10 mil) y más de 40 años ($12 mil).
No obstante, tanto estos montos como las condiciones que puso el Gobierno para recibirlos no son del agrado de los moradores. Primero los consideran “muy bajos” para los años que tienen de habitar el lugar y segundo señalan que las condiciones estipuladas en la normativa fueron hechas “para no beneficiar a ninguno de ellos, ya que son prácticamente imposibles de cumplir”.
En ese sentido, en su artículo 26 la ley indica que las indemnizaciones se destinan solo a personas que están viviendo por razones de “interés social” en el conjunto monumental; que hayan firmado un contrato de alquiler antes del año 2008; que el pago del canon de arrendamiento no sea mayor a $75 y no se encuentren en categoría de intrusos o precaristas.
Sin embargo, para Pérez todas estas exigencias se hicieron con un solo objetivo: no indemnizar a nadie.
En su caso, señala que paga desde hace décadas un canon de arrendamiento de $110 al mes y que en ninguna parte del Casco Antiguo se encontrarán alquileres de $75 al mes, como fija la legislación.
Por otra parte, el residente planteó que con ese subsidio nadie podrá adquirir una casa. “No creo que para estos tiempos una vivienda cueste $12 mil, ni en las zonas apartadas de la capital y menos en el centro de la ciudad donde moramos nosotros”, agregó.
El hombre cuenta con un contrato de arrendamiento cuya vigencia es de tres años, pero menciona que “una vez vencido dicho contrato, el arrendatario tendrá derecho a que se extienda por igual término, en caso de que esté al día en sus pagos”.
El propietario del inmueble donde vive Pérez se ha acercado varias veces a decirle que debe abandonar el edificio, pero no lo ha hecho porque, según él, merece una remuneración justa.
SE ORGANIZAN
Gilberto Gutiérrez, presidente de la Asociación de Moradores del Casco Antiguo, explicó que están sosteniendo reuniones con autoridades del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), así como con las del Instituto Nacional de Cultura (Inac) para solicitar que se flexibilicen las condiciones dentro de la Ley No. 136 porque, de lo contrario, los sacarán a todos y ninguno recibirá nada
De hecho, planteó Gutiérrez, del total de los inquilinos un 60% no tiene un contrato de arrendamiento. “Esta ley nos saca a todos de la comunidad. Incluso hay personas que no tienen contrato de arrendamiento y están pagando más de $100 mensuales”, acotó.
Según el último censo de la Contraloría General de la República elaborado durante el año 2010, en San Felipe habitan 3 mil 439 personas, aunque el censo del año 2000 registró a cerca de 6 mil. Es decir, la población se redujo a la mitad.
Gutiérreza agrega que a ese ritmo y con esta ley, para el censo de 2020 no habrá habitantes en San Felipe que cuenta con la población más pequeña de los corregimientos del distrito capital.
La realidad que plantean estas personas contrasta con las exigencias de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco, por sus siglas en inglés) para la puesta en valor del Casco.
En varias ocasiones la Unesco, además de solicitar a las autoridades panameñas la restauración de las propiedades que hay en el conjunto monumental, también ha sugerido viviendas de interés social para estos residentes.
Patrizia Pinzón, dirigente de la Asociación de Vecinos y Amigos del Casco Antiguo, sostuvo que el Gobierno tiene varias propiedades en ruinas que podría restaurar y convertir en proyectos habitacionales y viviendas de interés social para inquilinos.
Incluso, las estadísticas de la Dirección de Patrimonio Histórico indican que el 11% (más de 95) de las propiedades de San Felipe pertenecen al Estado. En esa zona hay 845 fincas en total.
Sobre el asunto, el exdirector de Patrimonio Histórico Sebastián Paniza considera que esta es una buena oportunidad para que el Estado desarrolle y restaure las propiedades que tiene en esa área y así proporcione una solución habitacional a estos moradores que lo necesitan.
MALA TENDENCIA
Conforme a la exdirectora del Instituto Nacional de Cultura Ana Elena Porras, esta ley es excluyente pues en otros sitios históricos del mundo y que están dentro de la lista de Patrimonio Mundial de la Humanidad de Unesco, la tendencia es hacer que los habitantes formen parte del desarrollo que genera el turismo.
“Dentro del Casco Antiguo lo que hay es una gran especulación con las propiedades y no están tomando en cuenta a sus pobladores. Definitivamente con esta normativa lo que buscan es sacarlos del área donde llevan años viviendo”, acotó.
CENSO
Mientras, personal de la Dirección de Desarrollo Social del Miviot y del Inac inició la semana pasada un censo en el sitio histórico para identificar el número de familias que aplican para ser indemnizadas.
El viceministro del Miviot, Edgardo Lasso, indicó que se busca conocer la cantidad de personas; qué familias cumplen con los requisitos para recibir la compensación económica, y también conocer detalles de los perfiles socioeconómicos.
Lasso añadió que se habilitará una ventanilla única para censar a los residentes que no hayan podido ser censados, con el fin de que brinden datos precisos en la fecha y horarios en los que pueden registrar.