Un total de $72.7 millones en medicamentos especiales, sustancias controladas y narcóticos para cubrir por 12 meses hospitales y policlínicas licitó ayer la Caja de Seguro Social (CSS).
En el acto público, que busca comprar 87 renglones de los fármacos que utilizan los pacientes con enfermedades neurológicas, hematológicas y cáncer, participaron las 30 empresas que el pasado 18 de noviembre asistieron a la reunión de homologación.
El proceso estuvo precedido por reclamos de los miembros de la Federación de Pacientes con Enfermedades Críticas, Crónicas y Degenerativas, los cuales se oponían a la celebración de la licitación, debido a que las autoridades del Ministerio de Salud (Minsa) solicitaron la eliminación de las certificaciones internacionales.
La vicepresidenta de la Fundación de Artritis Reumatoide de Panamá y vocera de los pacientes, Enma Pinzón, solicitó a los funcionarios que presidían el acto que constara en las actas que se oponían al pliego de condiciones de la licitación, porque dejó por fuera el “derecho que tienen los pacientes a recibir medicamentos de calidad”.
Acto seguido, responsabilizó al ministro de Salud, a la directora de Farmacia y Drogas del Minsa y al contralor de la República por “los estragos que puede ocasionar en los pacientes algunos medicamentos que entren en forma incierta a esta institución”.
Sin embargo, la actuación de los pacientes no fue el único incidente que interrumpió el desarrollo de este acto público, porque hubo representantes de empresas participantes que advirtieron sobre la ausencia de funcionarios de la Contraloría General de la República.
Los funcionarios que presidían el acto público explicaron que no era un deber de la Contraloría General de la República asignar personal a las licitaciones, porque posteriormente revisan los documentos.
El subdirector nacional del Servicio de Prestación de la CSS, Danilo Martínez, explicó que basados en el clamor de los pacientes solicitaron requisitos adicionales como certificaciones internacionales en el pliego de condiciones de la Agencia Europea de Medicamentos y la Administración de Drogas y Alimentos.
Agregó que los requisitos tuvieron que retirarlos por recomendación del Minsa, ente rector de la salud.
El 14 de diciembre pasado, el Minsa dictó la Resolución No. 1655, que prohíbe a las instituciones públicas solicitar requisitos extraordinarios –como certificaciones internacionales– en licitaciones de fármacos.
