Intelectuales, académicos y políticos nicaragüenses llamaron a una “resistencia pacífica”, a través de la abstención en los comicios de noviembre, en los que el presidente Daniel Ortega busca su tercer mandato sucesivo y cuarto desde 1979.
“Estamos ante una burda maniobra que pretende falsear la voluntad popular y no ante un proceso electoral auténtico”, manifestó el denominado Grupo de los 27, que tiene entre sus miembros a los escritores Gioconda Belli y Ernesto Cardenal.
“Nuestro llamado es claro y rotundo: los nicaragüenses no debemos acudir a las urnas en noviembre. Esa es la forma legítima y efectiva de reivindicar nuestro derecho a construir nuestro futuro en paz, democracia y libertad”, expone el documento.
Los firmantes, incluido el excandidato presidencial Fabio Gadea, quien perdió ante Ortega en los comicios de 2011, consideran un deber moral “repudiar la mascarada electoral que ensaya la dictadura” de Ortega.
Destacaron que el Gobierno rechazó la observación electoral, se apropió de los consejos electorales departamentales y municipales, excluyó de participar a la coalición opositora y cesó a congresistas adversarios.
Sectores antagónicos al Estado debaten entre llamar a la abstención o votar nulo para expresar su descontento y poner en evidencia la falta de legitimidad del proceso y su resultado, en un país en que el sufragio no es obligatorio.
Gadea negó que la abstención sea perjudicial para la oposición, que quedaría sin espacios políticos, porque a su juicio “de todas formas se roban los votos”.
Según Gadea, en 2011 él obtuvo “una montaña de votos”, pero el resultado oficial le asignó solo 30% de los sufragios. En protesta, no asumió el escaño en el Congreso que le corresponde al candidato del segundo lugar.
El exembajador de Nicaragua en Estados Unidos en la década de 1980, Carlos Tunnerman, recordó que “estamos en [una] situación [en la] que diputados ya electos fueron despojados, a pesar de que fueron respaldados por el voto del 30%” de la población.
Su destitución el pasado 28 de julio fue ordenada por el Tribunal Electoral y acatada por el legislativo, luego de que estos se negaron a reconocer el fallo que le quitó la dirección del Partido Liberal Independiente (PLI) a Eduardo Montealegre y se la entregó a Pedro Reyes, al que acusan de colaborar con el Gobierno.
El Congreso reanudó su trabajo el pasado martes, bajo el control total del gobernante Frente Sandinista. Los puestos de los destituidos fueron ocupados por legisladores suplentes del derechista PLI que aceptaron alinearse con el partido de gobierno, denunció el exdiputado opositor Eliseo Núñez, uno de los desbancados. Ellos “no responden a la verdadera oposición”, dijo Núñez, quien se unió al emergente movimiento opositor Ciudadanos por la Libertad.
La única voz crítica en la sesión fue la del legislador del PLI Alfredo Gutiérrez, quien advirtió de que “no podemos hacernos de la vista gorda y dejar pasar todas estas arbitrariedades”, en una referencia a la destitución de los opositores.