El Juzgado Primero de lo Penal abrió causa criminal a 11 personas, entre ellos, 7 exfuncionarios del Sistema Penitenciario Nacional (SPN), por la supuesta comisión de los delitos de corrupción de servidores públicos, estafa y contra la fe pública.
Los implicados fueron acusados por la Fiscalía Anticorrupción de Descarga de ser presuntos integrantes de una red de funcionarios del SPN, que en combinación con particulares ordenó medidas cautelares como excarcelación y traslados, rebajó penas y alteró documentos a detenidos en las cárceles La Joya, La Joyita y el Centro Femenino de Rehabilitación Cecilia Orillac de Chiari.
En un fallo emitido por la juez Agueda Rentería, del pasado 22 de octubre, se llama a juicio a Katherine Robles, quien laboraba en la administración del sistema penal acusatorio; Arcángela Leones, Argelis Ramos y Berta Martínez, miembros de la junta técnica de La Joya; Damaris Martínez, de la oficina judicial de la cárcel de mujeres; Nicolás Palma, guardián de prisión, y Ernesto Gaona, asistente administrativo del SPN.
Entre los particulares, la jueza llama a juicio a Dalys Pérez y Luciano Aguilar, así como a Yessenia López y Yhamir Smith, dos privados de libertad que eran parte de la red.
Ruth Morcillo
Fiscal especial anticorrupción
La fiscal especial anticorrupción, Ruth Morcillo, quien estuvo a cargo de la pesquisa, informó que los implicados utilizaron y vulneraron el sistema informático del SPN para alterar las fechas en que los detenidos cumplían las condenas.
Explicó que en contubernio con particulares, la red estafó a familiares de detenidos a los que pedían dinero a cambio de otorgarles libertades y traslados a otros centros penales.
“El Ministerio Público evidentemente solicitará la condena de estos funcionarios, porque consideramos que son responsables de los delitos por los cuales fueron llamados a juicio”, aseguró Morcillo.
La fiscalía logró acreditar que familiares de una reclusa del Centro Femenino de Rehabilitación fueron estafados. Pagaron $8 mil para liberar a la detenida.
La red también cobraba por el “servicio” de cambio de perfil de los internos en el sistema informático del SPN, al cual ingresaban información para alterar el estatus de los detenidos. Por ejemplo, a un procesado le colocaban que ya había sido condenado y esto le permitía ciertos privilegios, como las conmutaciones de pena o rebajas en la cantidad de años de la condena.
El MP calcula que la red logró recaudar ilegalmente más de $80 mil.