Un caso de abusos policiales graves ocurrido hace 10 años contra manifestantes que protestaban contra los planes de construcción de un aeropuerto en el centro de México fue remitido desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a la Corte Interamericana, para que esta se pronuncie sobre las agresiones sexuales sufridas por una veintena de mujeres, informó el gobierno en un comunicado.
El conocido “caso Atenco” tuvo lugar en 2006 en San Salvador Atenco, estado de México, cuando el actual presidente, Enrique Peña Nieto, era gobernador de dicha entidad.
La Corte Suprema ratificó en 2009 el uso excesivo de la fuerza, aunque el alto tribunal exoneró al mandatario de cualquier responsabilidad.
Durante las protestas en San Salvador Atenco –que cobraron notoriedad internacional por la brutalidad con la que fueron reprimidas– murieron dos personas y hubo más de 200 detenidas, 198 de las cuales tenían algún tipo de lesión.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos documentó que 23 mujeres, incluidas cuatro extranjeras, sufrieron agresiones sexuales por parte de policías después de los enfrentamientos. Siete denunciaron haber sido violadas.
Por estos hechos fueron condenados 12 activistas y líderes del llamado Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), formado por habitantes de Atenco, a raíz de su oposición en 2002 a la construcción de un aeropuerto en su comunidad.
Los detenidos fueron acusados de secuestrar y agredir a policías durante los disturbios y se les impusieron penas de más de 30 años, pero fueron liberados después de que la Corte Suprema estableciera que la sentencia en su contra había sido “ilegal”.
Uno de los ministros del máximo tribunal, Juan Silva Meza, incluso consideró que las sentencias eran “una forma maquilladamente institucional de criminalizar la protesta social como una forma de castigar”.
En un comunicado emitido el sábado, el Gobierno mexicano recordó que reconoció su responsabilidad en los abusos y las vejaciones sufridas por los manifestantes en 2013.