El juez decimoquinto penal, Leslie Loaiza, concedió una fianza de excarcelación de $500 mil al exministro de Obras Públicas Federico Suárez, investigado por la supuesta comisión del delito de peculado en el caso de un presunto sobreprecio en el proyecto del ensanche de la vía Domingo Díaz.
La Contraloría General de la República calculó en $47.5 millones el posible sobreprecio en la obra, desarrollada por el consorcio formado por la empresa Ingenieros Civiles y Asociados, S.A. (ICA) y constructora Meco.
“Federico Suárez no es una persona de perfil peligroso, que trate de atentar contra terceros; no tiene posibilidad de contaminar ni destruir pruebas, ya que el Ministerio Público ha efectuado una amplia investigación; además, posee arraigo familiar, laboral y territorial”, alegó el juez.
No es la primera vez que Loaiza otorga a Suárez una fianza. En julio de 2017, le concedió una de $500 mil, como parte de la investigación por presuntas irregularidades en la ampliación de la autopista Arraiján-La Chorrera. La Fiscalía Anticorrupción había ordenado su detención por este caso.
En 2015, Loaiza también favoreció a Suárez con un sobreseimiento definitivo en el caso de la compra de comida deshidratada por $44.5 millones con fondos del extinto Programa de Ayuda Nacional (PAN). El Ministerio Público había pedido que se le abriera causa criminal.
Un informe del Ministerio Público da cuenta de que Loaiza es uno de los jueces que más fianzas ha dado en casos de alto perfil, con 23.
Este mes, Loaiza también anuló la investigación seguida al exministro de Desarrollo Social Guillermo Ferrufino por el alquiler de helicópteros con fondos del PAN.
Pese a la fianza, Suárez no será liberado aún porque sobre él pesa una medida de detención desde el 12 de octubre pasado, como parte de la investigación por supuesto sobreprecio en el proyecto de preservación del patrimonio histórico de la ciudad de Panamá (remodelación del Casco Antiguo), desarrollado por Odebrecht.
Además, tiene una medida similar por la investigación de sobornos supuestamente pagados a funcionarios del pasado gobierno por parte de contratistas del Estado, caso conocido como Blue Apple.