El expresidente Luiz Inacio Lula da Silva (2003-2010) deberá responder por cargos de corrupción ante el juez Sergio Moro, quien ayer aceptó la denuncia presentada en su contra por la Fiscalía brasileña.
Este nuevo traspié para el líder histórico del Partido de los Trabajadores (PT) y de la izquierda latinoamericana se produce menos de un mes después de la destitución de la presidenta Dilma Rousseff, su heredera política.
Los cargos conciernen casos de corrupción pasiva que lo vinculan con la vasta trama de sobornos de la estatal Petrobras, investigada por Moro en el marco de la operación Lava Jato (“lavadero de autos”, en portugués).
Lula será conducido por la Policía Federal a un interrogatorio forzoso, ordenado por el juez Sergio Moro después del registro de su domicilio en Sao Bernardo do Campo.
La operación se produce un día después de la confesión, revelada por la prensa, del senador oficialista Delcidio Amaral contra el exmandatario y la presidenta Dilma Rousseff (amenazada entonces de destitución por supuesto maquillaje de las cuentas públicas), en el marco de un acuerdo de reducción de penas con la justicia.
Lula, de 70 años, niega con vehemencia las acusaciones y pide a sus partidarios que salgan a las calles.
El Ministerio Público de Sao Paulo denuncia a Lula por ocultación de patrimonio, ya que sospecha que es dueño de un elegante apartamento en el cercano balneario de Guarujá, algo que el exmandatario niega tajantemente. Los fiscales consideran que Lula “ha violado el orden público” al llamar a sus seguidores a salir a las calles para denunciar una “persecución judicial”.
Una juez de Sao Paulo, que debía pronunciarse sobre un pedido de prisión preventiva contra el expresidente brasileño Lula por presunto lavado de dinero, transfirió el caso al juez Sergio Moro en la ciudad de Curitiba, que en 2014 lanzó la operación Lava Jato sobre la red de corrupción de la empresa de petróleo estatal Petrobras.