El ministro de Economía y Finanzas Dulcidio De La Guardia afirmó ayer que esa entidad estudia pedirle al presidente de la República Juan Carlos Varela que vete el proyecto de ley 92, recientemente aprobado por la Asamblea Nacional y el cual ordena el pago del décimo tercer mes –de 1972 a 1983– a funcionarios y trabajadores del sector privado.
Según De La Guardia, un análisis efectuado a lo interno del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) concluye que, al parecer, “hay vicios de inconstitucionalidad” en esta norma.
Explicó que el artículo 163 de la Constitución establece limitaciones a la Asamblea Nacional para aprobar este tipo de normas.
De acuerdo con el numeral 3 del artículo 163 de la Constitución, a la Asamblea le está prohibido “reconocer a cargo del Tesoro Público indemnizaciones que no hayan sido previamente declaradas por las autoridades competentes y votar partidas para pagar becas, pensiones, jubilaciones, gratificaciones o erogaciones que no hayan sido decretadas conforme a las leyes generales preexistentes”.
El titular del MEF objeta específicamente al artículo 1 del proyecto avalado por la Asamblea, que declara como derecho adquirido el cobro de la segunda partida del décimo tercer mes retenida de 1972 a 1983.
Los extrabajadores consideran que se trata de un dinero que ellos aportaron en calidad de préstamo para programas de vivienda de interés social y que, según se estableció en el Decreto Ejecutivo 22 de 1973, les sería devuelto después de 10 años con un interés anual del 3%.
PASÓ AL IVM
De La Guardia recordó que la Ley 17 de 22 de agosto de 1983 estableció claramente que estas partidas se destinarían al programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja de Seguro Social (CSS).
“Fue destinada para fortalecer el programa de IVM, y era una obligación de ley, igual como todos los panameños cumplimos con las leyes tributarias y la ley de hacer nuestros aportes”, recalcó.
En función de eso, precisó que se está evaluando solicitar el veto al presidente de la República.
PRESUPUESTO 2017
Las declaraciones de De La Guardia se dieron tras la aprobación en tercer debate en la Asamblea Nacional del presupuesto general del Estado para la vigencia fiscal de 2017, cuyo monto total asciende a 21 mil 675 millones de dólares.
De La Guardia indicó que para inversiones del sector público no financiero se destinarán 5,153.3 millones de dólares.
Agregó que es un proyecto que incluye todas las obligaciones de Panamá con sus funcionarios en temas de ajustes salariales, pensionados, los proyectos emblemáticos del actual gobierno, los proyectos de continuidad y para cumplir con sus acreedores.
“Es un proyecto ambicioso, cuyo incremento es financiado principalmente por aportes adicionales del Canal de Panamá por 550 millones y un aumento de otros 500 millones de dólares en recaudaciones tributarias por parte de la Dirección General de Ingresos y de la Autoridad Nacional de Aduanas”, detalló.