El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) devolvió al presidente de la Corte Suprema de Justicia, José Ayú Prado, una solicitud de traslado de partida por $8 millones 416 mil, gestionada para cubrir un déficit producido por la asignación de recursos económicos para el pago de salarios a funcionarios del sistema penal acusatorio.
En un comunicado de prensa, el Órgano Judicial señaló que el pasado 27 de marzo el titular del MEF, Dulcidio De La Guardia, remitió a Ayú Prado una nota, en la que le notificó la imposibilidad de cumplir con el traslado de partida por el monto solicitado, ya que estas solo se pueden otorgar cuando existen ahorros en otra entidades del Estado.
En la nota, De La Guardia precisó que hasta el mes de febrero pasado, los ingresos recaudados por el Estado se encontraban por debajo de los presupuestado y, por ende, no se podían realizar traslados de partidas.
El pasado 15 de febrero, Ayú Prado solicitó al MEF que se gestionara un crédito adicional o un traslado de partida, debido a que el Órgano Judicial debió realizar ajustes a la cifra recomendada para el año 2017, ya que no se le asignó la totalidad de los recursos para hacerle frente al pago de todas las posiciones del sistema penal acusatorio.
Para cumplir con ello, de acuerdo con Ayú Prado, se debieron utilizar fondos asignados a otros renglones en el Órgano Judicial.
Este año, el Órgano Judicial solicitó un presupuesto por el orden de $274 millones, recursos con los que, según justificó, se podría hacer frente a la implementación del nuevo modelo penal en el Primer Distrito Judicial (Panamá, Panamá Oeste, Colón y Darién, y las comarcas Guna Yala, Emberá Wounaan y Wargandí).
Sin embargo, el MEF solo recomendó un presupuesto de $160 millones 879 mil, lo que representó un recorte de $113 millones.
De los $160 millones asignados como presupuesto, el Órgano Judicial destinó la suma de $140 millones 868 mil para funcionamiento y $20 millones a inversiones.
Ayú Prado informó al MEF sobre la existencia de un déficit presupuestario de más de $14 millones, que debía ser cubierto para cumplir con el pago de salarios a funcionarios del sistema penal acusatorio, así como aspectos de logística para la implementación de este nuevo modelo de administración de justicia.
Otras entidades relacionadas con la administración de justicia que sufrieron recortes en su asignación presupuestaria fueron el Ministerio Público, que solicitó fondos por $170 millones y le asignaron $118.3 millones; y el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que pidió $77 millones y se le otorgaron $35.8 millones, recursos que consideran insuficientes.