PECULADO

MP ordena arrestos por compensación irregular de buses ‘diablos rojos’

MP ordena arrestos por compensación irregular de buses ‘diablos rojos’
MP ordena arrestos por compensación irregular de buses ‘diablos rojos’

La Fiscalía Anticorrupción de Descarga ordenó el pasado jueves el arresto del candidato a diputado por la libre postulación en el circuito 8-5, César Herrera, y de otras dos personas, como parte de la investigación por presunto peculado en la compensación de buses “diablos rojos”.

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Fuentes del Ministerio Público confirmaron que el Tribunal Electoral autorizó recientemente el levantamiento del fuero penal electoral de Herrera, tras encontrar “elementos sólidos” para su vinculación con la investigación.

La fiscalía precisó que al candidato se le citó en tres ocasiones, “pero no asistió”, por lo que se le condujo y el jueves 4 de abril le dictó medida detención por el supuesto cobro irregular de $525 mil en compensaciones de 4 cupos y 4 más a nombre de otras personas.

Estas personas –ya indagadas– se habrían prestado para este acto irregular.

“Hay sectores que intentan inhabilitar la participación de mi padre en el próximo torneo electoral, tras ver el gran respaldo que tiene”.


César Herrera (hijo).

“La mayoría de estos cobros se dieron en rutas inexistentes”, como Los Andes y Veranillo-Corredor, destacó la fiscalía.

Cesar Rafael Herrera, hijo del candidato detenido, denunció que el arresto obedece a uno “de los peores ataques políticos” contra un candidato en La Chorrera.

Por otro lado, trascendió que la fiscalía también ordenó el arresto e indagatoria de una empresaria que habría recibido $4 millones en compensación por buses, así como de otro particular que es señalado de haber recibido $400 mil por el mismo concepto.

A la fecha, como parte de este proceso, la fiscalía ha indagado a 281 personas de un total de 532 imputados y ha ordenado la detención de 7 personas.

Durante la investigación, el Juzgado Octavo Penal, que lleva la causa, ha concedido nueve fianzas por la suma de $3 millones.

Un informe de auditoría de la Contraloría General de la República reveló que algunos buses fueron compensados en más de una ocasión y que en otros casos los pagos se realizaron sin cumplir con las normas de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT).

El Estado entregó indemnizaciones a cambio de 2 mil 649 certificados de operación entre 2010 y 2014, lo que representó un desembolso de $94.8 millones. La fiscalía califica este proceso como un “despilfarro”.

La investigación se inició en el año 2010, a raíz de una denuncia presentada por el entonces ministro de la Presidencia, Demetrio Papadimitriu, al detectar el pago de compensaciones por buses que no correspondían y que en algunos casos ni siquiera prestaban el servicio de transporte.

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