El Ministerio Público (MP) le dio un voto de confianza al proyecto de ley 514, que busca que los delitos relacionados con la corrupción no prescriban.
“No existe nada que vede la posibilidad de incluir en nuestra legislación un tema de imprescriptibilidad, ya que las convenciones internacionales de las que Panamá es signatario establecen el tema de plazos razonables”, aseguró Tania Saavedra, de la Fiscalía Superior de Litigación, ante la subcomisión legislativa que analiza la propuesta de ley, presentada por organizaciones ciudadanas.
La fiscal explicó que si se hace un estudio sobre los pronunciamientos que ha hecho la Corte Suprema de Justicia sobre el tema se concluye que la “imprescriptibilidad ha estado asociada a los delitos de lesa humanidad”.
El proyecto de ley, que está en la Comisión de Gobierno de la Asamblea, modifica el artículo 116 del Código Procesal Penal, para que los delitos relacionados con diferentes formas de peculado, corrupción de servidores públicos, enriquecimiento injustificado, concusión, tráfico de influencias, abuso de autoridad e infracción de los deberes de los servidores públicos, entre otros, no prescriban. “Hay que buscar mecanismos que ayuden en el combate a la corrupción (...)”, añadió la fiscal.
SECTORES AVALAN EL PROYECTO DE LEY 514
La subcomisión creada por la Comisión de Gobierno y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional para analizar el proyecto de ley 514, que propone modificaciones al Código Procesal Penal, a fin de incluir la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, recibió ayer las primeras recomendaciones.
Este proyecto, que surgió de una iniciativa ciudadana y que fue presentado hace un mes, ya tiene el aval del Ministerio Público (MP), de dirigentes de la sociedad civil organizada y de la diputada independiente Ana Matilde Gómez, integrante de la subcomisión que analiza el tema junto con Quibian Panay y Raúl Pineda.
El proyecto modifica el artículo 116 del Código Procesal Penal, para agregar lo siguiente: “La acción penal tampoco prescribirá cuando se trate de alguno de los delitos de diferentes formas de peculado, corrupción de servidores públicos, enriquecimiento injustificado, concusión y exacción, tráfico de influencias, abuso de autoridad e infracción de los deberes de los servidores públicos, fraude en los actos de contratación pública del título X del Código Penal”.
El primero en hacer uso de la palabra ayer fue el proponente de la iniciativa, Juan Diego Vásquez, estudiante de derecho en la Universidad Santa María La Antigua y miembro de la Red Nacional de Jóvenes por la Transparencia. Vásquez manifestó que la propuesta es clara en el objetivo que persigue. “Creo y confío en que este proyecto puede ayudar en la lucha contra la corrupción”, expresó, a la vez que defendió su propuesta con una presentación sobre derecho comparado, con la que demostró que esta figura jurídica de imprescriptibilidad bien puede entrar en el ordenamiento jurídico del país.
Añadió que no riñe con la Constitución, puesto que no plantea que las acciones penales por obligatoriedad deben prescribir.
Luego habló Tania Saavedra, de la Fiscalía Superior de Litigación, quien argumentó que el Ministerio Público no tiene inconveniente en que la propuesta sea debatida.
Contó que analizaron el documento, basándose en las convenciones internacionales que ha suscrito el país para la Convención Interamericana contra la corrupción de Naciones Unidas.
Por su parte, Joel Monterrey, del Colegio Nacional de Abogados, anunció que la Comisión de Derecho Penal de ese gremio está analizando el documento y que el miércoles de la próxima semana remitirá a la comisión un informe al respecto.
Otra que se pronunció a favor del documento fue la abogada Cristina Torres Ubillús, quien catalogó el proyecto de “conveniente y positivo”. Dijo que la propuesta compensa la necesidad de que se haga algo ante los “constantes casos relacionados con delitos contra la administración pública”.
Tanto el MP como Ubillús y la diputada Gómez pidieron que en la propuesta se incluya cuáles delitos serían imprescriptibles.