“Si se retornó [el dinero] voluntariamente, esto se tomará en cuenta, pero sí hubo una acción delictiva”, afirmó ayer el secretario general del Ministerio Público (MP), Rolando Rodríguez C., al referirse al caso que investiga la Fiscalía Primera Anticorrupción por supuestas irregularidades en el préstamo otorgado por la Caja de Ahorros (CA) al consorcio HPC Contratas-P&V, encargado de construir el centro de convenciones de Amador.
En conferencia de prensa, Rodríguez aclaró que el artículo 344 del Código Penal establece que el reintegro del dinero “representa un atenuante, pero no un eximente de la conducta delictiva”.
De acuerdo con el funcionario judicial, el Ministerio Público también podría iniciar una investigación para determinar si en este caso se cometió el delito de blanqueo de capitales.
El desglose de los $9 millones que la Caja de Ahorros le prestó a la compañía HPC Contratas-P&V, ligada al exvicepresidente Felipe Pipo Virzi, se hizo así: $7 millones fueron a dar a Summer Ventura, Inc., dinero que posteriormente se trasladó a la casa de valores Financial Pacific; $850 mil se transfirieron a nombre de la sociedad Ilkeston Associates; y 1 millón 150 mil dólares a Langton Internacional Holding, Ltd.
Como parte de este caso, la fiscalía detuvo preventivamente al exdirectivo de la CA Riccardo Francolini, e indagó a los también exdirectivos Fernando Correa y Ricardo Arango Pezet, y al exgerente del banco estatal Jayson Pastor.