Con una solicitud de llamamiento a juicio para 29 personas –18 de ellas funcionarios del Órgano Judicial y 11 jurados–, y de sobreseimiento provisional para otras 13, la Fiscalía Anticorrupción de Descarga remitió al Juzgado Cuarto Penal la vista fiscal de la investigación sobre la red de corrupción enquistada en el Segundo Tribunal y en, al menos, dos juzgados.
El documento lleva la firma de la fiscal Adela Heidy Cedeño.
Según el Ministerio Público (MP), la red era integrada, incluso, por asistentes de magistrados.
PIDEN LLAMAR A JUICIO A 29 ACUSADOS DE INTEGRAR RED DE CORRUPCIÓN
La Fiscalía Anticorrupción de Descarga remitió al Órgano Judicial la vista fiscal de la investigación sobre las operaciones de una red de corrupción que operaba en el Segundo Tribunal Superior y en al menos dos juzgados, con una solicitud de llamamiento a juicio para 29 personas sospechosas de integrar la banda.
Además, la fiscal a cargo del caso, Adela Heidy Cedeño, solicitó sobreseimiento provisional para otras 13 personas. (Ver tabla).
Entre los sospechosos para quienes se pidió la apertura de causa criminal figuran 18 funcionarios del Órgano Judicial y 11 jurados, todos acusados de la supuesta comisión del delito de corrupción.
De acuerdo con las pesquisas, la red negociaba fallos favorables y otros beneficios para procesados.
Por ejemplo, en las pesquisas se señala que los funcionarios supuestamente tomaban fotos a los expedientes y después las entregaban a los abogados, para que estos hicieran creer a sus clientes que tenían influencias para cambiar o acelerar el trámite de los casos.
Durante la investigación también se hallaron evidencias de que otro funcionario, encargado del libro de audiencias, presuntamente cobraba “una buena cantidad de dinero para conseguir fechas de audiencias” y se ponía de acuerdo con los choferes que transportaban a los jurados a las audiencias de homicidio para intentar influenciarlos y obtener resultados favorables.
La vista fiscal Nº 185, del 15 de este mes, fue remitida el pasado viernes al Juzgado Cuarto de lo Penal, que tendrá que revisar las recomendaciones de la fiscalía.
El proceso se inició en agosto de 2015, cuando el magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), José Ayú Prado, recibió información de que en los juzgados de circuito penal, en el Segundo Tribunal Superior y en la Oficina de Descongestión Judicial supuestamente operaba una red que cobraba coimas para liberar a personas con medida cautelar de detención preventiva y sobornar a los jurados de conciencia en procesos de homicidios.
En la vista fiscal no se señala como responsables a jueces penales.
Ayú Prado llevó la denuncia ante el entonces fiscal Auxiliar, Marcelino Aguilar, quien realizó allanamientos en las oficinas del Segundo Tribunal y en noviembre de 2015 ordenó detenciones preventivas.
Posteriormente, el fiscal Marcelino Aguilar remitió el expediente a la Fiscalía Anticorrupción por tratarse de la posible comisión de delitos contra la administración pública.
MILES DE DÓLARES
Las tarifas que supuestamente cobraban los miembros de la red de corrupción ascendían hasta 40 mil dólares para alterar decisiones dentro de procesos seguidos en el Segundo Tribunal Superior de Justicia y otros juzgados.