Esta semana es clave para la investigación que el Ministerio Público (MP) adelanta a la constructora Odebrecht, por el pago de sobornos a funcionarios y particulares entre 2010 y 2014.
Por un lado, la procuradora Kenia Porcell, que regresó este fin de semana de Brasil, donde participó junto a fiscales de 10 países de América en un encuentro para intercambiar información del caso, se reunirá con el equipo que conforma la Fiscalía Especial Anticorrupción, a cargo del proceso en Panamá, para establecer la hoja de ruta a seguir.
Fuentes del MP dijeron ayer que Porcell y las cuatro fiscales -Vielka Broce, Tania Sterling, Ruth Morcillo y Zuleyka Moore- diseñarán la estrategia a seguir luego de que en Brasil los fiscales decidieran conformar un equipo para compartir evidencias y firmaron un acuerdo para trabajar en conjunto sobre ocho puntos.
A la luz de ese acuerdo, por ejemplo, Panamá podrá interrogar a testigos y acusados de otros países y la evidencia será válida entre fronteras. Así lo explicó a los medios Vladimir Arias, jefe de cooperación internacional de la Fiscalía General de Brasil.
Mientras que, por otro lado, este lunes se tiene contemplado que el Gobierno presente una querella contra quienes resulten responsables por los delitos de atentar contra los fondos del Estado y por el delito contra la administración pública en las investigaciones por los casos de sobornos de Odebrecht.
La acción será presentada por el ministro de Seguridad, Alexis Bethancourt, quien acudirá al Ministerio Público después de que el pasado 14 de febrero fuera designado por el Consejo de Gabinete para representar al Estado como querellante dentro de los procesos que adelanta el MP contra la constructora brasileña.
El procurador de la Administración, Rigoberto González, había recomendado querellarse porque con esta acción las instituciones implicadas pueden aportar pruebas documentales y testimoniales por formar parte de las investigaciones.
Panamá, según el acuerdo firmado por la procuradora y los fiscales en Brasil, también podría exigir la repatriación del dinero que en el exterior ha sido congelado producto de estas investigaciones.
LAS FUNCIONES
Según lo dispuesto por el gabinete, el ministro de Seguridad también fungirá como el coordinador de las instituciones estatales que han tenido o tienen relaciones contractuales con Odebrecht, entre estas, el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, el Metro de Panamá y Tocumen, S.A., entre otras.
EL PAPEL DE PANAMÁ
El acuerdo alcanzado por los fiscales en Brasil para compartir investigación e interrogar testigos también podría beneficiar, por ejemplo, a Colombia y Perú, países donde las autoridades tienen información de que el sistema financiero de Panamá fue clave para la repartición de coimas.
En Colombia, país que investiga al presidente de la República, Juan Manuel Santos, por supuestas donaciones que habría hecho Odebrecht a su campaña, le siguen la pista a la sociedad Lurion Trading, Inc.
Esta empresa habría sido usada para hacer pagos a la banca privada de Andorra, donde se habría escondido un aporte de un millón de dólares para la estrategia de reelección de Santos. Lurion Trading, Inc., vio la luz en 2010 cuando fue creada por el bufete panameño G&R Abogados.
Mientras que varias sociedades constituidas por la firma Mossack Fonseca habrían servido para esconder sobornos en Perú. Un reporte del medio digital de periodismo de investigación peruano Ojo Público dejó al descubierto que la firma panameña, recién allanada y con sus socios detenidos por el caso Lava Jato, gestionó las offshore del empresario Yosef Maiman y las cuentas suizas del entorno del expresidente de ese país Alejandro Toledo, a quien investigan por recibir coimas de Odebrecht.
De acuerdo con el mencionado medio, Odebrecht realizó el primer depósito del presunto soborno de $20 millones para el expresidente Toledo, mientras la firma panameña Mossack Fonseca iniciaba trámites de urgencia para abrir cuentas bancarias en el Banque Privée Edmond de Rothschild en Ginebra (Suiza), a nombre del israelí Sabih Saylan, sindicado como intermediario en el pago de la coima de la multinacional brasileña y uno de los principales operadores del empresario Yosef Maiman.
Ojo Público cuenta también que Mossack Fonseca administró una red offshore para Maiman y Saylan en las Islas Vírgenes Británicas y en Panamá. Ambos son presidente y vicepresidente, respectivamente, del grupo Merhav en Tel Aviv, conglomerado con inversiones en el negocio gasífero, industrial y de telecomunicaciones.
En diciembre pasado, el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló que entre los años 2010 y 2014, el gigante brasileño de la construcción Odebrecht pagó $59 millones a funcionarios de alto rango en el Gobierno de Panamá para asegurarse con millonarios contratos de obras públicas.
“Entre 2010 y 2014 Odebrecht realizó depósitos por $59 millones en pagos corruptos a oficiales del Gobierno de Panamá e intermediarios que trabajaban a su favor para asegurarse la adjudicación de contratos de infraestructura pública”, señalan documentos divulgados por la Corte del Distrito Este de Nueva York.
Otro de los expedientes abiertos es el supuesto pago de coimas por parte de Odebrecht a Ricardo y Luis Enrique Martinelli Linares, hijos del expresidente de la República Ricardo Martinelli, a cambio de contratos de proyectos de infraestructura pública. Fiscales federales de Suiza acusaron formalmente a los hijos del exmandatario de soborno de funcionarios extranjeros y de blanqueo de capitales, por lo cual se les incautaron unos 22 millones de dólares en cuentas bancarias.
Los que no han podido delatar
Los acuerdos de delación en Brasil hasta el momento no han beneficiado a un grupo de figuras del mundo político y empresarial que actualmente están en prisión por la operación Lava Jato. Se trata de exdirectivos de Petrobras, de la constructora OAS y de otros que sirvieron para encubrir sobornos a políticos y miembros del Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil. De acuerdo con un reportaje del diario O Globo de ayer, domingo, por el momento están por fuera de la delación premiada debido a varias causas: algunos tenían información considerada “insuficiente” para constituirse en causa de reducción de penas, y otros no mostraron evidencias de los hechos narrados, entre otras. En ese grupo se encuentra, por ejemplo, el publicista Joao Santana, y su esposa Mónica Moura. Santana, quien se encargó de la publicidad de los expresidentes de Brasil Dilma Rousseff y Luiz Inacio Lula da Silva, fue condenado a ocho años de prisión por lavado de dinero en el marco del caso de corrupción de Petrobras.
También están Renato Duque, exdirectivo de Servicios de Petrobras; Leo Pinheiro, expresidente de la constructora OAS; Adir Assad, operador de lavado de dinero para empresarios; Pedro Correa, expresidente del Partido Progresista de Brasil. Los fiscales, por ahora, se concentran en lo que tienen que decir exejecutivos de la constructora Odebrecht.