El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aprobó ayer por decreto el presupuesto nacional para 2017, desconociendo la facultad de control que por Constitución debe ejercer la Asamblea Nacional, y en una decisión inédita que profundiza la crisis política y que amenaza con hacer más grave la situación económica, al poner en riesgo el crédito público.
“Aquí está el presupuesto de 2017 y la ley de endeudamiento. Cúmplase. Pido el apoyo del pueblo, de la unión cívico militar, de la calle”, afirmó Maduro, al firmar el decreto en un acto en las afueras del Panteón Nacional en Caracas, donde está sepultado Simón Bolívar, reportó la agencia AFP.
Ante cientos de sus seguidores, el presidente expresó que fue autorizado a emitir el decreto hace dos días por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) –que la oposición califica como una extensión del Ejecutivo–, en respuesta a una consulta que él mismo elevó.
Maduro justificó el decreto al asegurar que en Venezuela “no hay una Asamblea Nacional”, sino un “foro político que funciona en desacato”, y que necesita el presupuesto, de 8.4 billones de bolívares (12 mil 847 millones de dólares a la tasa oficial más alta), para la inversión social, reportó AFP.
Acompañado por grupos de chavistas, el vicepresidente Aristóbulo Istúriz llevó el documento firmado a la sede de la Sala Constitucional del TSJ, que se arrogó la función de la Asamblea y ahora deberá refrendarlo.
“Esto es un presupuesto ‘de facto’, paralelo. La Sala asume la función que solo puede ejercer quien representa al pueblo, o sea la Asamblea”, que debe ejercer el control de las finanzas, afirmó el constitucionalista José Ignacio Hernández.
Maduro prometió una mejora económica para los días por venir. “A Maduro no lo tumba nadie, menos estos oligarcas”, aseguró, en clara alusión a la oposición.
El presupuesto fue calculado con un precio promedio de 30 dólares el barril de petróleo, que Maduro estimó moderado y bajo, aunque dijo confiar en que habrá una recuperación.
Horas antes, la Academia Nacional de Ciencias Económicas emitió un comunicado en el que alertó de lo que consideró un “atentado contra el orden constitucional en un área tan relevante para el buen funcionamiento de la economía y de su institucionalidad democrática”.
“Las instituciones y el marco legal que nos rige no pueden estar supeditados a objetivos político-partidistas circunstanciales”, se lee en la nota. El gremio además señaló que el poder legislativo es el que debería dar la aprobación final de las cuentas públicas del próximo año, ya que este “encarna la pluralidad necesaria para asegurar que las prioridades recogidas en la estructura del presupuesto respondan a las necesidades del país”.
Por su parte, el opositor José Guerra, presidente de la Comisión de Finanzas del legislativo, tachó de una “aberración” la decisión del TSJ y advirtió del impacto negativo, pues los bancos internacionales se abstendrán de aprobarle préstamos al país.