Como “aberrante”, calificó la directora ejecutiva de Alianza Ciudadana Pro Justicia, Magaly Castillo, lo que está ocurriendo en el sistema de administración de justicia, luego del anuncio del presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), José Ayú Prado, de que la implementación de la ley de Carrera Judicial tardará entre 3 y 4 años.
Castillo puntualizó que con esta situación los magistrados de la CSJ violan la ley, y “nos dicen con el mayor desparpajo que van a seguir nombrando a los jueces sin concurso de méritos, y que van a seguir destituyendo jueces y funcionarios sin juicio previo”.
Alegó que este anuncio representa “el mensaje de que en Panamá no hay garantía de independencia judicial ni de una correcta administración de justicia”.
Atribuyó al Ejecutivo la responsabilidad de esta situación al apoyar la reelección de Ayú Prado en la Presidencia de la Corte, que a todas luces no quiere la carrera judicial.
Por su parte, Annette Planells, del Movimiento Independiente, aseguró que es necesario tener jueces que puedan fallar en derecho, y que sean personas con integridad e independencia y escogidos entre los mejores, cuyo puesto no dependa de su superior jerárquico. Igualmente, que exista un proceso que permita sacar a aquellos jueces y funcionarios que traicionen con sus acciones la misión de hacer justicia.
Mientras, Freddy Pittí, del Movimiento Juntos Decidimos, alegó que el Estado debe velar por dotar de los recursos suficientes al Órgano Judicial para lograr una administración de justicia más transparente e imparcial.
Pittí detalló que sin una carrera judicial no habrá transparencia ni justicia en todo el sistema de administración judicial.
A su juicio, el Estado debe tener como prioridad una administración de justicia eficaz y con los recursos suficientes para dar respuesta a la sociedad.