Organizaciones y entidades que defienden los derechos humanos de la mujer están alertas ante la poca certeza del castigo que hay en los casos de feminicidios, abusos sexuales y violencia doméstica.
Liriola Leoteau, directora del Instituto Nacional de la Mujer, señaló que en las últimas semanas se han registrado varios casos en lo que se impusieron condenas “irrisorias” a los responsables.
Leoteau indicó que desde el Consejo Nacional de la Mujer, integrado por activistas y entidades estatales, se ha observado que con el sistema penal acusatorio (SPA) el delito de violencia contra la mujer y los feminicidios “no reciben el tratamiento que conlleve a la certeza del castigo”.
Por ejemplo, mencionó que uno de los últimos casos ocurrió en el distrito de Santa Fe, provincia de Veraguas, donde un sujeto de 37 años violó a una menor de 10 años. En este hecho, el acusado fue sentenciado a cinco años de prisión, tomando en cuenta que se había declarado culpable y que no se opuso al proceso penal.
Además, mencionó que al utilizarse la figura del acuerdo de pena, este fue beneficiado con una medida cautelar de país por cárcel y pagó una indemnización económica a la familia de la menor.
En ese sentido, Leoteau opinó que la figura del acuerdo de pena debe ser revisada, porque no está bien que haya una tendencia a que la mayoría de los casos de feminicidios y abusos sexuales sean sujeto de acuerdo.
Lamentó que “el descongestionamiento de los procesos siga siendo lo más importante y no el derecho de las víctimas”.
ESTADÍSTICAS
Datos del Ministerio Público revelan que desde el 1 de enero hasta el 31 de mayo de 2017 se han registrado 11 muertes violentas de mujeres, 3 casos de feminicidio y 6 tentativas de feminicidio.
Además, desde enero hasta junio se reportaron 9 mil 573 delitos contra el orden jurídico familiar y el estado civil, de los cuales 8 mil 107 son por violencia doméstica.
Las estadísticas también revelan que se atendieron 587 denuncias por delitos contra la libertad e integridad sexual; en la que la mayor incidencia de casos atendidos tuvo que ver con violación a 260 víctimas.
LA ALTERNATIVA
Sobre este tema, la presidenta de Funda Género, Joyce Araujo, expresó que existen “vacíos” en el SPA, toda vez que no se hace ninguna distinción sobre qué tipo de proceso puede ser llevado a acuerdos de pena.
A su vez, estimó que existe una “deficiencia” respecto a la sensibilización y capacitación del personal que debe evaluar estos casos.
Araujo acotó que la norma debe ser revisada y modificada, pero que mientras eso sucede se debe ejecutar un “proceso supletorio”, para que este tipo de actos se sancione de acuerdo con el Código Penal anterior.
Ante estas quejas, el Órgano Judicial emitió un comunicado mediante el cual asumió el compromiso de evaluar la efectividad del SPA de manera integral y de prestar atención a las inquietudes de las entidades y organismos que velan por los derechos de la mujer.
Se buscó una versión del Ministerio Público, pero al cierre de esta edición no hubo respuesta.