Una marcha de seguidores chavistas tuvo lugar ayer en Caracas, en rechazo a una ley aprobada el miércoles por la mayoría opositora en el Parlamento, la cual plantea otorgar títulos de propiedad a beneficiarios de las casas subsidiadas.
La norma permitiría a los propietarios vender las residencias, pero el Gobierno asegura que se trata de una medida populista de la oposición, pues ya ha otorgado 884 mil títulos de propiedad.
Sin embargo, el Ejecutivo no precisa aún si los inmuebles pueden ser transados.
En el acto de ayer, el diputado oficialista Ricardo Molina aseguró que la ley aprobada por la mayoría opositora es inconstitucional, lo que abre la puerta a que sea declarada ilegal por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
“La ley va a seguir vigente” como está ahora, garantizó el presidente venezolano Nicolás Maduro, al que sus adversarios acusan de utilizar el plan de vivienda como un arma de chantaje electoral.
La oposición acusa al TSJ de ser un apéndice del Gobierno, luego de que anulara una ley de amnistía para disidentes presos, así como facultades de control del Legislativo sobre los poderes Judicial, Electoral y Ciudadano.