Los manifestantes no lograron ayer su cometido de entregar un documento en rechazo a la asamblea constituyente convocada por el presidente Nicolás Maduro, porque centenares de policías los dispersaron con gases lacrimógenos cuando intentaban marchar hacia el centro de Caracas.
Las autoridades, con equipos antimotines, formaron un cordón para bloquearle el paso a los miles de opositores que sostenían carteles en los que se leía “Ninguna constituyente, elecciones ya”. Los manifestantes pretendían entregar el petitorio al presidente de la comisión presidencial del proceso constituyente y ministro de Educación, Elías Jaua.
Poco después, miles de opositores se movilizaron hacia la principal autopista de la capital, donde la Guardia Nacional volvió a encararlos con gases. Maduro acudió a mediados de la semana pasada al Consejo Nacional Electoral para presentar la convocatoria de un proceso para reformar la Constitución, lo que desencadenó nuevas protestas. Desde que se iniciaron las marchas hace casi mes y medio, los cuerpos de seguridad han bloqueado todas las movilizaciones opositoras al centro de la capital, donde está la sede del Gobierno y algunos ministerios.
En algunas ciudades del interior también se realizaron movilizaciones contra el proceso constituyente que los cuerpos de seguridad despejaron.
También ayer, la coalición opositora descartó la posibilidad de participar en la convocatoria de la asamblea constituyente, la cual fue considerada como “ilegítima” e “inconstitucional”, y acusó a Maduro de utilizar el proceso para “eludir” los comicios y distraer la atención de los venezolanos de la crisis que enfrenta el país.
“Los venezolanos no queremos cambiar la Constitución, lo que queremos es por medio de elecciones libres, universales, directas y secretas cambiar al gobierno”, señala un comunicado que dirigió la alianza a Jaua.
El vicepresidente del partido oficialista, diputado Diosdado Cabello, ratificó que el proceso constituyente seguirá adelante a pesar de las protestas de los opositores y dijo, ante cientos de seguidores en el cetro de la capital, que “no hay forma ni manera que la revolución muera, no hay forma ni manera que la derecha vuelva al poder”.
La iniciativa de Maduro para reformar la Constitución ha generado controversia incluso en el oficialismo. El diputado Eustoquio Contreras dijo que aunque respeta la convocatoria, no la comparte políticamente. Contreras indicó en una entrevista con el portal de internet El Pitazo, que no estaba de acuerdo con modificar la Constitución que impulsó en 1999 el hoy fallecido presidente Hugo Chávez y planteó que el oficialismo corre el “riesgo innecesario” de perder la consulta electoral del nuevo texto constitucional, tal como ocurrió en los comicios legislativos de 2015, cuando el Congreso quedó en manos de la oposición.
El diputado es la segunda figura vinculada al oficialismo que se distancia de Maduro en medio de esta crisis. Desde finales de marzo, la fiscal general Luisa Ortega Díaz, quien era identificada como cercana al oficialismo, ha hecho algunos cuestionamientos a las autoridades judiciales y al gobierno.
La comisión presidencial se reunió ayer en el palacio de gobierno con pequeñas organizaciones políticas. Las protestas que se iniciaron a fines de marzo han dejado al menos 38 muertos, más de 700 heridos y centenares de detenidos.
Entre tanto, el Gobierno calificó como una “estocada por la espalda” el rechazo del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, a la asamblea constituyente propuesta por su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, frente a la crisis del país petrolero.
“Santos traiciona la historia común de independencia y libertad, al tiempo que da una estocada por la espalda al país que lo ayudó a construir la paz”, señaló un comunicado de la Cancillería venezolana. El texto hace referencia al acuerdo de paz firmado el año pasado entre el gobierno de Santos y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia tras cinco décadas de conflicto.
‘EMERGENCIA’ EN BRASIL
Mientras, la ciudad amazónica brasileña de Manaos (norte) decretó el estado de “emergencia social” para poder ayudar a cientos de indígenas venezolanos que cruzaron la frontera huyendo de la crisis en su país, informó ayer lunes la Alcaldía local.
Más de 350 indígenas de la etnia warao han recalado desde diciembre del año pasado en espacios públicos de Manaos, capital del estado brasileño de Amazonas y limítrofe con Venezuela.