Los diputados citados a sesiones extraordinarias deberán ratificar la designación de los miembros de la junta directiva de la Cadena de Frío, uno de los proyectos insignia del presidente saliente, Ricardo Martinelli.
Según la Ley 90 del 8 de noviembre de 2013, que crea la Cadena de Frío, su junta directiva tendrá nueve integrantes. De ellos, seis ya fueron elegidos, algunos por el mandatario y con quienes comparte vínculos empresariales. Es el caso de Carlos Orillac y Julio Ábrego, directores nombrados por un período de cuatro años que empezó el pasado 24 de febrero (ver gráfica).
Otros integrantes son Edison Rodríguez, en representación de la Asociación de Comerciantes y Distribuidores de Víveres y Similares; Giovani Fletcher, de las asociaciones de consumidores; Virgilio Saldaña, de la Unión Nacional de Productores Agropecuarios. El secretario ejecutivo de la Cadena de Frío es Fernando Duque.
Las designaciones restantes corresponden a los ministerios de Economía y Finanzas y de Desarrollo Agropecuario, y a la Contraloría General, en manos de Gioconda de Bianchini y quien laboró en el Súper 99.
Según el Art. 11 de la Ley 90, la directiva debe presentar una terna de candidatos a ocupar la gerencia general. Su designación compete al Presidente.
Reforma sin consenso
En el paquete de reformas se incluye un proyecto legal que modifica un artículo del Código Procesal Penal. Esta propuesta se sometió a la firma del Presidente y los titulares de las carteras. Consta en la Declaración de Gabinete No. 96 del 13 de mayo de 2014, publicada en la Gaceta Oficial. No obstante, el documento no detalla en qué consisten los cambios legales, y si obtuvo el consenso del Gabinete.
El ministro de Asuntos del Canal, Roberto Roy, consignó la palabra me “abstengo”, de su puño y letra, en lugar de firmar. Roy indicó que el proyecto a presentarse en las sesiones extraordinarias trata sobre el sistema penal acusatorio y que luego de “las explicaciones dadas por los expertos”, le “quedó claro que había que esperar y no apurarlo, porque todavía no estaba listo”.
La implementación del sistema penal acusatorio es una promesa de campaña incumplida y consignada en el Pacto de Estado por la Justicia. Por ahora solo se ejecuta en el distrito judicial de las provincias de Coclé, Veraguas, Herrera y Los Santos. La implementación total ha sido dispuesta por ley para el año 2016.
Tampoco firmaron el documento la ministra de Educación, Lucy Molinar; el ministro de Economía y Finanzas, Frank De Lima; la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Alma Cortés; el ministro de Desarrollo Social, Guillermo Ferrufino; el ministro de Seguridad Pública, José Raúl Mulino. Solo firmaron 9 de los 14 ministros.