El Juzgado Segundo Electoral rechazó por improcedentes las dos demandas de impugnación presentadas por el abogado Jorge Hernán Rubio contra las candidaturas de Ricardo Martinelli a la Alcaldía de Panamá y a diputado del circuito 8-8.
¿La razón? Rubio interpuso los recursos en un momento en que solo podían impugnar los miembros del partido Alianza, colectivo que postuló al expresidente de la República para los dos cargos, cuya constancia, precisamente, usó el abogado para interponer las acciones legales.
Alianza, presidida por el diputado José Muñoz Molina, se alió en diciembre pasado a Cambio Democrático, partido que también postuló a Martinelli para diputado del 8-8 y la Alcaldía de Panamá.
El sustento de la jueza
La jueza segunda electoral, Mónica Guardia, concluyó que a Rubio “no le asiste el derecho a accionar [demandar], toda vez que no forma parte del partido Alianza y no se encuentra legitimado para actuar, ya que estamos ante un evento electoral reservado para miembros del mencionado colectivo político, por lo tanto, solo estos pueden recurrir en caso de ver afectados sus derechos ante la jurisdicción correspondiente”.
La jueza también planteó que, si bien en esta etapa Rubio no podía impugnar, esto “no es óbice para dar encause a lo pedido”, pero esta vez en una elección general y previo cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley.
“[El juzgado] dice que tengo mi derecho [a volver a presentarla] cuando se publique [su nombre] como candidato, que ahora [la impugnación] es solo por si alguien a lo interno del partido se siente afectado”, confirmó el demandante.
Sustento del recurso
La base de la demanda es la residencia electoral del expresidente, quien actualmente está detenido en el Centro Penitenciario El Renacer mientras se le investiga por supuestamente espiar comunicaciones a, por lo menos, 150 personas.
Rubio alegó que Martinelli salió voluntariamente de Panamá en enero de 2015, fijó su domicilio en Miami, Estados Unidos, regresó extraditado a Panamá en junio de 2018 y está recluido en la cárcel El Renacer, ubicada en el corregimiento de Cristóbal, Colón.
Argumentó que las postulaciones no cumplen con lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 290 del Código Electoral, que obliga al candidato a residir en esa circunscripción por lo menos un año antes de la elección. “Permitir las postulaciones es burlar el derecho de los votantes”, planteó.