El Congreso mexicano terminó de aprobar esta semana un paquete de leyes que conforman el Sistema Nacional Anticorrupción, en medio de críticas por dejar fuera el control del patrimonio de los funcionarios, lo que permitiría fiscalizar un probable enriquecimiento ilícito.
Las siete leyes del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción de México fueron aprobadas por el Congreso, pero los ciudadanos y empresarios que impulsaron la histórica iniciativa manifestaron su indignación ante una ley que, alegan, quedó“muy lejos” de sus expectativas.
El pasado viernes, al concluir un período extraordinario de sesiones, la Cámara de Diputados y el Senado finalizaron la votación de las siete leyes que buscan prevenir, detectar y sancionar la corrupción, y las enviaron al Ejecutivo para su ratificación. Pero en un país en el que cada año desaparecen unos $100 mil millones del erario, la polémica se desató con la aprobación de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, uno de los siete instrumentos.
En su artículo 29, esta ley que llegó al Congreso a través de una iniciativa ciudadana que recolectó más de 600 mil firmas, establecía el llamado “tres de tres”, es decir, que servidores públicos estarían obligados a presentar declaraciones patrimoniales, fiscales y de intereses. Pero los legisladores añadieron: “salvo los rubros cuya publicidad pueda afectar la vida privada o los datos personales” de los funcionarios.
“Dicen que en los detalles está el demonio, y ahí está el problema”, estimó Marko Antonio Cortés, coordinador de los diputados del opositor Partido Acción Nacional.
Según el legislador, el oficialista Partido Revolucionario Institucional (PRI) y sus aliados “se negaron” a tener una “ley con puntualidad y claridad”. “No sabemos a qué le teman”, dijo a Milenio Televisión.
La legislación está“definitivamente muy lejos de la expectativa que teníamos los ciudadanos y de la exigencia de hace más de un año”, apuntó Alexandra Zapata, investigadora del Instituto Mexicano para la Competitividad, una de las organizaciones civiles que más lobby hizo en la redacción de la ley y que cifra en 9% del producto interno bruto el costo de la corrupción para México. Para la experta, se trata de “una oportunidad histórica que se perdió”, y una muestra de que “los legisladores no reconocen el nivel de hartazgo”.
Pero César Camacho, coordinador de diputados del PRI, negó que la ley fuera diluida e insistió en que la cláusula de privacidad era necesaria. “Es importante que vayamos robusteciendo un sistema que tampoco le haga daño a las personas, que tampoco haga a algunos de los servidores públicos blanco del crimen organizado”, dijo a Radio Imagen. “Cada uno decidirá si se hace pública la información o no”.
Por otro lado, el artículo 32 especifica qué personas estarían obligadas a presentar las tres declaraciones, y aunque el objetivo eran los funcionarios, los legisladores ampliaron la norma a “cualquier persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o contrate bajo cualquier modalidad con entes públicos”.
Valeriano Suárez, vicepresidente de la Confederación Patronal de la República, un sindicato que reúne a 36 mil empresas, adujo que los legisladores pretenden “que haya tantas declaraciones patrimoniales que se pierdan las de ellos”. “Si hay un hotel que le da servicio a servidores públicos, todos los empleados y proveedores de ese hotel tendrían que presentar la ‘tres de tres”, explicó a Milenio Televisión. El PRI negó esa afirmación.
Para el presidente de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano (PRD), la legislación resultó un “adefesio, un Frankenstein legislativo (...) que significa una bofetada a la sociedad que reclama un combate frontal a la corrupción”. Pidió que el presidente “haga uso de su derecho de veto”.
Para Zapata, se trata de “un texto estúpido” que será imposible de implementar y además ahuyentará la inversión nacional y extranjera.
México ocupa el lugar 95 de 167 del índice de Transparencia Internacional. Entre los escándalos más sonados está el de la “Casa Blanca”: la compra de una mansión por parte de la esposa de Peña Nieto a un contratista estatal, que también vendió una casa a su ministro de Hacienda, y que ganó una millonaria licitación para construir el primer tren de alta velocidad de América Latina, asociado con un consorcio chino.