El Servicio de Administración Tributaria (SAT) de México anunció que ha recuperado alrededor de $21.3 millones en impuestos no declarados producto de las investigaciones hechas a raíz del escándalo relacionado a la firma panameña Mossack Fonseca.
El SAT, que está adscrito a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, informó que inició sus pesquisas tributarias tras los documentos que publicó el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) en conjunto con el diario alemán Süddeutsche Zeitung.
“Se han emitido cartas invitación a 52 contribuyentes [4 morales y 48 físicas] de las cuales, 42 son por omisión de ingresos y 10 por transferencias internacionales. De estas, 21 personas físicas y 1 persona moral se acercaron a la autoridad fiscal”, señaló la institución.
En términos fiscales en México, una persona física es el individuo con capacidad para contraer obligaciones y ejercer derechos, mientras que una persona moral es una agrupación que se une con un fin determinado. Por ejemplo, una sociedad mercantil o una asociación civil.
“Derivado de la actuación de la autoridad a través de estas ‘cartas invitación’, se cobró la cantidad de $16.7 millones. Asimismo, se han iniciado 42 revisiones con 37 personas [31 físicas y 6 morales]; de dichos actos se han recaudado cifras cobradas por la cantidad de $4.6 millones; en 40 casos [9 personas morales y 31 físicas] se continúa con el análisis de la información y respecto de 13 personas [3 morales y 10 físicas] no se han detectado irregularidades”, añade el comunicado oficial.
El SAT también advierte de que “se ha solicitado información al Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Federal con el fin de conocer un posible incremento en el patrimonio de los contribuyentes en sus bienes inmuebles, mismo que no se hubiere justificado con los ingresos percibidos por los distintos conceptos declarados; se encuentran en trámite solicitudes similares a las demás entidades federativas”.
Las autoridades mexicanas también desarrollan una investigación a más de 400 empresas y nacionales que fueron mencionados en la nueva filtración que dio a conocer ICIJ, en la que aparece información sobre el registro público de Bahamas.
Este no es el primer Estado que actúa a partir de la investigación en torno a las actividades de Mossack Fonseca. En Islandia, por ejemplo, el ex primer ministro Sigmundur Gunnlaugsson renunció a su cargo tras ser mencionado en los documentos. El Departamento de Justicia de Estados Unidos también investiga las actividades de presuntos evasores que aparecieron en los documentos de ICIJ.
Incluso, Panamá ha tomado medidas. Hace unas semanas, el Ejecutivo presentó en la Asamblea Nacional dos iniciativas. La primera busca que las empresas offshore, que no tienen transacciones contables dentro de Panamá, hagan accesible la información contable a sus agentes residentes en el país. La segunda es sobre el intercambio de información fiscal con otras jurisdicciones.