Hasta la fecha, el Ministerio de Ambiente (Miambiente) ha aprobado unos 70 permisos para la extracción de madera en las provincias de Panamá y Darién, donde se concentra la mayor cantidad de árboles del país.
Dalia Vargas, directora de Forestal de esa institución, informó que de ese total, unos 30 permisos corresponden a Darién y 40 son para Panamá este.
Según la funcionaria, estos permisos son para “aprovechamiento sostenible” del recurso y los árboles que se talan están fuera de áreas protegidas y tierras estatales. “Cada extracción debe tener un plan de manejo, el cual es fiscalizado por el Ministerio de Ambiente”, agregó. Cada uno de esos avales permite la extracción de unos 150 metros cúbicos de madera, que vendrían siendo entre 10 y 12 árboles, dependiendo del grosor y largo de la planta maderable.
Esa entidad implementó este año un sistema de sensores para diferenciar estos troncos de la madera que se extraen de manera ilegal. Es decir, cada unidad tendrá un dispositivo electrónico (chip) para identificar su procedencia y legalidad.
De hecho, datos del Ministerio de Ambiente dan cuenta de que el 97% de la madera que se extrae de forma ilegal proviene de Darién y de Panamá este.
DÉBIL GOBERNANZA
Al respecto, Susana Serracín, de la Alianza para la Conservación y el Desarrollo, indicó que generalmente el comercio de los servicios forestales es impulsado por operaciones “insostenibles” en bosques naturales.
“Durante muchos años, diferentes administraciones gubernamentales han hecho muy poco o nada por fomentar un orden forestal sostenible. Prueba de ello es la tala indiscriminada en Darién”, indicó la activista.
Serracín considera que ha llegado el momento de formular normas y la aplicación efectiva de las mismas para una verdadera regulación forestal en el plano ambiental, así como la certeza de sanciones efectivas para los que talen de forma ilegal.
“Panamá tiene una gobernanza forestal muy raquítica”, concluyó.
Miambiente comenzó el pasado 3 de enero el operativo de fiscalización de madera, el cual se extenderá hasta la última semana de mayo, con el objetivo de disminuir la deforestación, evitar incendios forestales y combatir el tráfico ilegal de madera.
Para el desarrollo de estas tareas de fiscalización, informó que contará con cerca de 120 funcionarios de diferentes provincias y la Fuerza de Tarea Conjunta.