La presión y alerta ciudadana por posibles daños en varias áreas protegidas del país tienen bajo la lupa al Ministerio de Ambiente (Miambiente).
Organizaciones como el Centro de Incidencia Ambiental y la Alianza para la Conservación y el Desarrollo cuestionan que esa entidad, regente del medio ambiente, no haya estado presente en la Asamblea Nacional cuando se aprobó en primer debate la propuesta de ley que buscaba titular toda la franja costera del área protegida de Donoso, en Colón.
También lamentan su pasividad en los casos del Camino de Cruces en Panamá, donde hay presiones sobre la reserva para nuevos proyectos; así como en Isla de Cañas, en Los Santos, donde se pretenden concesionar 107 hectáreas para turismo.
Damaris Sánchez, miembro de la Fundación para el Desarrollo Integral, Comunitario y Ecosistemas de Panamá, subraya que es “inquietante” lo que está sucediendo con las principales reservas de Panamá e instó al ministerio a “reconsiderar” sus decisiones en el tema.
De hecho, el procurador de la Administración, Rigoberto González, recomendó a los funcionarios de esta institución la semana pasada ser “más celosos” en sus funciones ambientales.
Al respecto, Susana Serracín, de la Alianza para la Conservación y el Desarrollo, dijo que hay un “débil manejo” de las reservas, lo que se percibe como “inacción” por la autoridad.
Incluso, la vicealcaldesa de Panamá, Raisa Banfield, señaló que “no está muy clara” la visión que tiene el Ministerio de Ambiente sobre los sitios protegidos.
Emilio Sempris, ministro de Ambiente, indicó que tendrá una reunión “abierta” con la sociedad civil.
ACTIVISTAS
Primero fue el parque natural Camino de Cruces, en la provincia de Panamá, donde intentaron talar varios metros cuadrados de bosques a un costado de la Universidad Tecnológica de Panamá.
Luego apareció una propuesta en la Comisión de Ambiente de la Asamblea Nacional para segregar toda la franja costera del área protegida de Donoso, en Colón, de manera que se pudiera titular para actividades turísticas.
Poco después, ecologistas de Veraguas que pertenecen a la Fundación Agua y Tierra denunciaron la extracción de toneladas de arena de la playa Mata Oscura, una zona de manejo especial marino costero, porque allí anidan todo el año tortugas en peligro de extinción.
Más recientemente, activistas de Los Santos se quejaron porque se enteraron de que el Ministerio de Ambiente (Miambiente) acogió una solicitud de concesión de 107 hectáreas en el Refugio de Vida Silvestre de Isla de Cañas, para la construcción de 36 cabañas y un complejo turístico.
Todo esto ocurrió en menos de dos meses, y ahora tanto organizaciones de la sociedad civil como autoridades locales señalan a Miambiente por lo que consideran su poco accionar en la custodia de estos refugios.
También lamentan que la entidad regente del ambiente no tenga, según ellos, una posición clara sobre los sitios ecológicos más importantes del país.
Para Susana Serracín, de la Alianza para la Conservación y el Desarrollo, en la sociedad civil está la sensación de que el Ministerio de Ambiente no está cumpliendo con su labor fiscalizadora. “Algo no está funcionando en el ministerio”, agregó.
Serracín recordó a las autoridades ambientales que hay una serie de leyes que establecen su función. Por ejemplo, la Ley 41 de julio de 1998 señala que las áreas protegidas son bienes de dominio público del Estado y serán reguladas por el Ministerio de Ambiente, reconociendo los compromisos internacionales adoptados por la República de Panamá relacionados con el manejo, uso y gestión de las mismas.
“ Las áreas protegidas podrán ser objeto de concesiones de administración y concesiones de servicios, a personas naturales y jurídicas, de acuerdo con estudios técnicos previos. El procedimiento será regulado por reglamento”, indica la ley.
Pese a que la ley lo permite, la activista subraya que no hay estudios técnicos que permitan dar esas concesiones. Además, recordó que el país adquirió compromisos internaciones en la Organización de Naciones Unidas para la protección de los bosques tropicales.
“Evidentemente, las áreas protegidas están ingresando a una crisis por el débil manejo ambiental”, acotó.
Por su parte, Isaías Ramos, biólogo del Centro de Incidencia Ambiental, mencionó que hasta el momento Miambiente no ha llevado a cabo un ordenamiento de estas reservas, lo que consideró como una “deuda” de hace años.
Ramos explicó que como todas las tierras del país han sido acaparadas, las únicas que quedan libres y que pertenecen al Estado son las que están dentro de las áreas protegidas. “Como están libres, los grupos de poder quieren apropiarse de las mismas y ejercen presión sobre las autoridades”, dijo.
Solo la semana pasada, el procurador de la Administración, Rigoberto González, señaló que en este ministerio varias resoluciones emitidas tienden a “desproteger” el tema ambiental y les recordó el “celo” que deben tener los funcionarios en el cumplimiento de sus funciones, de manera que el interés colectivo prive sobre el particular.
DIÁLOGO AMBIENTAL
Para Osvaldo Jordán, consultor ambiental, es necesario un diálogo con organizaciones de la sociedad civil y el sector empresarial antes de que la crisis o el mal manejo de las áreas protegidas tenga un impacto mayor. “El Ministerio de Ambiente no se define y no tiene un pronunciamiento firme en este asunto”, aportó.
De hecho, la Ley 41 de julio de 1998 también detalla que el ministerio deberá convocar a consulta pública sobre aquellos temas o problemas ambientales que, por su importancia, requieran ser sometidos a la consideración de la población.
Al respecto, la vicealcaldesa del distrito de Panamá, Raisa Banfield, quien denunció parte de la tala reciente en Camino de Cruces, indicó que Miambiente no tiene una visión “muy clara” en cuanto a los sitios protegidos. “Hay que ser más proactivos que reactivos”, dijo la representante del gobierno local.
En tanto, Damaris Sánchez, de la Fundación para el Desarrollo Integral, Comunitario y Ecosistemas de Panamá, sostuvo que lo mismo sucede en la provincia de Chiriquí con el parque Volcán Barú, donde por mal manejo del tema turístico se pone en riesgo la reserva.
“Resulta inquietante esto. Esperamos que el Ministerio de Ambiente reconsidere las decisiones que adopta en el tema”, concluyó.
Frente a lo señalado, el ministro de Ambiente, Emilio Sempris, se limitó a decir que la entidad “cumple y hace cumplir la ley”. Según Sempris, “todos los días son beligerantes”.
Informó que la próxima semana tendrá una reunión abierta con la sociedad civil, en la que discutirán el tema.
